El Departamento de Educación de la DGA ha perpetrado un nuevo atentado contra la libertad de educación de las familias aragonesas. No debe ni extrañarnos ni sorprendernos.
Es una hoja de ruta que llevan tiempo diseñando y que supone la sustitución progresiva de la iniciativa social por la iniciativa estatal en todos los ámbitos que entienden que son sensibles a la ideología, el libre pensamiento o sencillamente la conformación de una sociedad de personas libres, iguales y responsables.
Podemos sabe que con apenas 70 diputados en el Congreso de los Diputados – y siendo la tercera fuerza parlamentaria en Aragón – poco se puede hacer para remover los cimientos de esta democracia que tanto aborrecen.
«Es una hoja de ruta que supone la sustitución progresiva de la iniciativa social por la iniciativa estatal»
Querámoslo o no, nuestra España y nuestro Aragón son mejores que hace cuarenta años. Evidentemente, llega el momento de hacer algunas reformas profundas que garanticen otros 50 años más de prosperidad, basados en la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Y es aquí donde reside la cuestión: ¿cuál es la estrategia que persiguen para desmontar la España de hoy?
Desde la extrema izquierda aragonesa – actualmente es toda la izquierda: PSOE, Podemos, CHA, IU – se empeñan en hacer creer a la ciudadanía aragonesa que abrir un colegio o sostener uno ya abierto es un negocio, y que los conciertos educativos son una anomalía o un privilegio.
Son tan falsas esas afirmaciones como cierto es que esta izquierda que padecemos utiliza la mentira, la media verdad y el sesgo con una maestría propia de los mejores próceres venezolanos.
El pasado 4 de abril, alrededor de 30.000 aragoneses nos manifestamos sin insultar, sin dedos acusatorios, sin consignas políticas o sindicales, sin banderas de ningún color, tan solo a favor de la libertad.
Hasta el Justicia de Aragón solicita cordura ante los desmanes de la izquierda aragonesa.
Unas horas después, unos siniestros políticos que se creen con el poder de domesticar conciencias y de decidir por nosotros, expropiaron el ejercicio de un derecho tan fundamental como el proclamado por el artículo 27 de esa constitución que abolen por vía de hechos consumados.
Desde el poder legislativo, Podemos se empeña en destruir nuestra democracia asestando cada día “microgolpes” de Estado.
Desde el ejecutivo PSOE – Chunta se alían con los totalitarios de ultra izquierda para continuar calentando unas poltronas y pisando unas moquetas muy cómodas y placenteras.
El único resorte que le queda a esta sociedad civil pagana de tantos desmanes es el poder judicial que una vez más tiene que enmendar la plana a una Consejera de Educación, Mayte Pérez, que no hace más que firmar decisiones políticas contrarias a la ley y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Solo hay que recordar el “Caso Ánfora” y la polémica por las horas curriculares de la asignatura de religión.
«Mayte Pérez no hace más que firmar decisiones políticas contrarias a la ley y a los derechos fundamentales de los ciudadanos»
Mientras tanto PP, PAR y Cs esperan pacientemente y sin riesgo alguno al último año de legislatura para sumarse a las iniciativas sociales en defensa de la libertad, de la ley y del derecho.
En Venezuela han expropiado la libertad, han expropiado la democracia. En Aragón ya han empezado, y les aviso: esto es solo el principio.