Mayte Pérez se siente indefensa. La Consejera de Educación del Gobierno de Aragón se ha expresado así – ante los medios de comunicación – sobre los autos judiciales que exigen al Ejecutivo a ofertar las plazas suprimidas en la escuela concertada. La Consejera entendía que «las medidas cautelares están sumiendo a la propia Administración, y al propio Gobierno, en un estado de indefensión absoluta».

Es más, la Consejera cree que la decisión judicial «deslegitima la autonomía y competencia del Gobierno en defensa del interés general y de una planificación educativa que es lógica». Pérez ha reconocido que «acatará las sentencias» pero su intención es luchar contra las medidas cautelares por coherencia política.

«Las medidas cautelares están sumiendo al Gobierno en un estado de indefensión absoluta»

«Las vamos a combatir con todos los medios que tenemos a nuestro alcance porque no las compartimos en absoluto«. Es decir, el primer paso será presentar nuevos recursos por la vía judicial, administrativa o legislativa.

LA EDUCACIÓN, PLANIFICADA

La Consejera ha aprovechado para explicar que en la educación pública se ofertarán las mismas plazas que en el anterior proceso de escolarización. Un compromiso político del Gobierno socialista que pretende extender también a aquellas aulas públicas que «se suman por la ampliación y crecimiento en la zona sur de Zaragoza».

De momento, durante el proceso de escolarización para el próximo curso escolar, la Consejera de Educación – y su equipo más cercano: Ricardo Álmale y Felipe Faci – deben acatar una decisión judicial que dilapida sus intenciones políticas. Suprimir aulas en la escuela concertada para fortalecer la escuela pública sin criterios de oferta y demanda.

Sin embargo, pese al varapalo judicial de la semana pasada, la Consejera continuaba su defensa política sobre la posición de la concertada: «la patronal de la concertada no ha entendido el ejercicio de planificación, que creo es de solidaridad en la oferta, y por tanto, tendremos que incorporar esas vías».

«La patronal de la concertada no ha entendido el ejercicio de planificación»

LAS POLÉMICAS DE MAYTE PÉREZ

El Ejecutivo PSOE-CHA, según la Consejera de Educación, se encuentra «maniatado» por las medidas cautelares que ordenaron conceder la licencia de apertura cautelar al colegio Ánfora de Cuarte de Huerva, y el mantenimiento de la asignatura de Religión en Primaria y Bachillerato. Y que se suman a las medidas cautelares emitidas la semana pasada sobre las vías de la concertada que se pretendían suprimir.

«Se está maniatando absolutamente la acción de la propia Administración para seguir defendiendo sus intereses y, desde luego, estamos en un estado de indefensión que realmente ni compartimos ni entendemos», ha reconocido la Consejera Pérez.

MÁS MEDIDAS CAUTELARES

El pasado día 12 de abril los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza dictaron las medidas cautelares solicitadas por los colegios Marianistas, Cristo Rey, Jesuitas, Virgen de Guadalupe, La Salle Montemolín, Sagrado Corazón de Jesús, Teresiano del Pilar y Santa María de la Esperanza (Pina de Ebro).

Pero a la decisión judicial de la semana pasada, se suman en el día de hoy dos nuevos autos que dan la razón a los recursos emitidos por las escuelas concertadas. Los magistrados de los juzgados de lo Contencioso Administrativo han dictado hoy dos nuevos autos que reconocen la razón jurídica esgrimida por la escuela concertada.

Los jueces ordenan al Gobierno aragonés a que incluya todas las plazas en la unidad de Primero de Educación Infantil de los colegios María Auxiliadora de Zaragoza y San Gabriel de Zuera, en el proceso de escolarización para el curso que viene.

Por otra parte, también se ha dictado un auto en el que se estima la medida cautelarísima solicitada por el Colegio María Auxiliadora de Zaragoza. De esta manera ordena al Gobierno de Aragón que se mantenga en el proceso de escolarización del curso próximo las dos aulas que el colegio tenía concertadas el curso anterior, en lugar de una.