Que la DGA se pase por el arco del triunfo la mayor manifestación en Aragón de los últimos 5 años no debería resultarnos extraño. Entre 20 y 30 mil personas salimos a la calle a defender el trato igualitario a los padres independientemente del tipo de educación que quieran para sus hijos. Como viene siendo habitual, la opinión de los ciudadanos fue escrupulosamente despreciada.
La Justicia, Dios nos la guarde, ha impedido in extremis que el atropello se ejecute, al menos por ahora, pero la actitud autoritaria del gobierno ha quedado más que en evidencia.
Como liberal, mi primera opinión en cualquier aspecto es que el Estado se quede al margen. En la mayor parte de los casos, el mercado suple casi cualquier necesidad, pero siempre hay algunas lagunas en las que el Estado debe suplir lo que la iniciativa privada no logra cubrir, que es precisamente el cometido de la educación pública.
Sin embargo, en este caso se trataba de decidir entre el cierre de aulas públicas que habían quedado vacías y el cierre de aulas concertadas que necesitaban abrir más líneas porque así lo demandaban los padres. El resultado: el cierre de aulas que los ciudadanos demandan para llenar las aulas que nadie quiere ocupar. Y eso en un sistema en el que las aulas concertadas resultan mucho más baratas para el Gobierno que las públicas.
El resultado: el cierre de aulas que los ciudadanos demandan para llenar las aulas que nadie quiere ocupar
Además, existe una legislación que obliga a los colegios, con muy poco margen de libertad, por cierto, a impartir determinadas materias de determinada forma y a cumplir determinados requisitos académicos, por lo que el argumento de la garantía de calidad académica tutelada por el Estado no tiene cabida.
La importancia de este asunto adquiere mayor importancia cuando uno se da cuenta de que en España la formación no regulada por el Estado, como los MBAs, goza de una salud extraordinaria, teniendo dos escuelas de negocios entre las mejores del mundo, una de ellas en primera posición.
A cambio, el sistema hiperregulado de la educación básica está apenas empezando a abandonar los puestos de cola de la UE. Ese es el mayor mérito que puede esgrimir: ya no somos la peor educación pública de Europa.
Como liberal, otra vez, no puedo menos que añorar el cheque escolar del que gozan países tan poco liberales como Suecia o Dinamarca. Porque aunque asumamos que la educación, como la sanidad, deben ser garantizadas por el Estado aún a costa de ineficiencia y costes elevados, no podemos menos que protestar cuando el Gobierno, por motivos puramente políticos y electoralistas, desprecia de esta forma los fondos que los ciudadanos le encomendamos gestionar, como en el caso que nos ocupa.
Tenemos ejemplos de una magnífica educación privada y cada año nos PISA una paupérrima educación pública, mal que nos pese. Y nos pesa, porque la educación es el aspecto fundamental que el Estado debe garantizar. Y en España es posible que sea el momento de que garantizar una educación de calidad sea darse cuenta de que la educación pública ha fracasado, fomentar la educación privada y concertada y, con ese importante ahorro de fondos, tratar de hacer de la educación pública algo digno del país que creemos tener (que queremos ser).