El caso Oktoberfest continúa su proceso judicial. La acusación pide tres años de cárcel para el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, así como para los otros tres encausados por un delito de lesiones graves por imprudencia grave. Se juzga la caída de una viga de la estructura de la carpa de la Fiesta de la Cerveza (Oktoberfest) que golpeó a una joven en la cabeza, durante las Fiestas del Pilar del año pasado.

El procedimiento está suponiendo un dolor de cabeza para Alberto Cubero, así como para el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve. Sin embargo, lejos de acatar parte de la responsabilidad de los hechos, Cubero acusó al juez de actuar con «intencionalidad política». El procedimiento continúa, a falta de la calificación del fiscal.

3 AÑOS DE CÁRCEL

Según publica Heraldo de Aragón, y HOY ARAGÓN ha podido confirmar, la acusación apunta a una clara responsabilidad política -y administrativa- del concejal de ZEC. Se le imputa, tanto a él como a los otros tres encausados, un delito de lesiones graves por imprudencia grave. Por ello, los letrados de la joven, Alberto Cervera y Óscar Frontiñan, pide tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.

Así mismo, piden también el mismo número de años de cárcel para el Jefe de la Oficina Económica, Enrique Asensio; para el dueño de la carpa, Luis G.S; y para el ingeniero que redactó el proyecto, Sergio E.F. Este escrito de acusación planteado por los letrados de la acusación es previo a la apertura de juicio oral.

CUBERO, SEÑALADO

Los abogados relatan en sus conclusiones que Cubero firmó la concesión de la licencia para la apertura de la Oktoberfest «pese a la ausencia de control e inspección por parte de la administración municipal sobre la seguridad estructural de la carpa». A su vez, explican los abogados en que concedieron de la licencia de apertura y de funcionamiento «cuando no lo podían hacer».

La policía entra en la carpa de la Oktoberfest – Alejandro Segura

También aseguran en su escrito de acusación que Cubero -y la administración municipal- infringió el Decreto 16/2014 del Gobierno de Aragón que hace responsable al Ayuntamiento al conceder las licencias, así como en el momento de firmar la autorización de la instalación de la estructura. Cuentan en su escrito que «no es un proyecto -tal y cómo se presentó- que el Ayuntamiento debiera conceder una licencia de actividad».

Según cuentan los abogados de la acusación, su cliente «ha sido intervenida quirúrgicamente en varías ocasiones y todavía tendrá que ser operada varias veces más». De hecho, aseguran, tras el fuerte golpe en la cabeza al caer la viga «le quedarán secuelas, y no sé sabe si de por vida».