Dos exdirectivos de Sarga han sido condenados por la Audiencia de Zaragoza a penas de prisión por facturar gastos de kilometraje ficticios. Silvio Dellepiane Palomino-Rendón y Enrique Martin Bernal urdieron un plan para compensar la bajada de sueldo de uno de ellos con gastos de kilometraje ficticios por valor de 1.438 euros.
La sentencia, firme tras aceptar los acusados los hechos imputados, responsabiliza al acusado, Silvio Dellepiane P.R., de un delito de malversación de 1.438 euros en concurso con otro de falsedad y le condena a 14 meses de prisión. Los magistrados imponen, además, una condena de un año de prisión al exdirector gerente de SARGA, Enrique M.B., por ponerse de acuerdo con el anterior para llevar a cabo el fraude.
La sentencia señala, en su relato de hechos probados, que a consecuencia del plan de saneamiento impulsado por el Gobierno aragonés para 2014-2017, Silvio Dellepiane fue relegado del cargo de director del Departamento de Servicio Agrarios a una jefatura, pasando su sueldo de 49.000 a 43.000 euros anuales.
A pesar de que se le ofreció la posibilidad de resolver su relación laboral con una indemnización, el acusado optó, con el fin de no perder poder adquisitivo, obtener «un beneficio económico injusto a costa del erario público«, ponerse de acuerdo con el gerente de la sociedad para cobrar falsas dietas.
Así, comenzó a introducir en sus partes quincenales de gastos kilometrajes ficticios, acordando con el responsable de Sarga que podría cobrar hasta un máximo de 3.000 euros anuales. Según el tribunal, este acusado llegó a percibir entre septiembre de 2014 y febrero de 2016 un total de 1.438 euros, cantidad que consignó antes de la celebración de la vista para propiciar un acuerdo con la fiscalía.
Además de las penas de prisión, la sentencia condena a Silvio Dellepiane a 1.200 euros de multa y a un año de inhabilitación para ejercer cargo público. Al exgerente de Sarga se le impone una multa de 720 euros y un año de inhabilitación. El tribunal, además, acuerda la entrega de la cantidad pagada por el acusado Silvio Dellepiane al Gobierno aragonés en concepto de indemnización por las cantidades defraudadas.