El fiscal superior de Aragón, José María Rivera, aseguró ayer que en la Fiscalía de Aragón «nunca, nunca» se han recibido presiones políticas. Ni tampoco órdenes de sus superiores respecto a asuntos concretos procedentes de la Fiscalía General del Estado. Un afirmación categórica que dista mucho de las informaciones que se están conociendo en las últimas semanas a nivel nacional. En Aragón, según el fiscal superior de la comunidad, no existe esa injerencia.
José María Rivera es, desde hace nueve años, el fiscal superior de Aragón. A los 24 años ingresó por oposición en la carrera fiscal siendo su primer destino la Audiencia Provincial de Gerona. Más de 40 años después en la carrera fiscal, Rivera aseguró ayer en las Cortes que el principal objetivo de los representantes del Ministerio Público será «servir al ciudadano» pese a «la falta de medios» en la Fiscalía.
Rivera ha sido criticado -principalmente por los grupos de izquierda- por su falta de idoneidad en el puesto desde hace años. Es cierto que Rivera cumple con los requisitos mínimos para ser fiscal superior, pero sin embargo, siempre se criticó que José María Rivera sea primo hermano de José Ángel Biel, expresidente de las Cortes, exconsejero del Gobierno de Aragón y expresidente del Partido Aragonés.
Y también ayer, se aludió a su condición familiar en los corrillos parlamentarios cómo un símbolo de connivencia con la clase política y la lentitud -o falta de acción- de la Fiscalía en algunos presuntos casos de corrupción.
No obstante, otra de las críticas que le llueven al fiscal superior -también al resto de sus colegas en otras comunidades- es su ratificación por el Ministro de Justicia a propuesta del Fiscal General del Estado. En el caso de Rivera, la propuesta nació de Cándido Conde-Pumpido y ratificado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
RIVERA ACTUA CON «GRAN LIBERTAD»
José María Rivera, compareció en el día ayer en las Cortes de Aragón, en el marco de la Comisión Institucional para presentar la memoria anual de la institución correspondiente a los años 2014 y 2015. Rivera relató durante la mayor parte de su intervención las actuaciones respecto a la violencia machista y a los delitos de corrupción, dos lacras que continúan marcando la actualidad social de España.
El fiscal superior insistió en la «gran libertad» que tienen los fiscales en Aragón y en el respeto que siempre se profesa a sus decisiones. Los grupos políticos presentes en la Comisión preguntaron al fiscal superior sobre todas las actuaciones que acomete la Fiscalía aragonesa. Especialmente, el debate se centró en la violencia machista y en la corrupción política o económica.
Maru Díaz, portavoz de Podemos, fue la más incisiva en su alegato político contra el fiscal superior. «La situación de descrédito», aseguró Díaz, tras las numerosas informaciones que cuentan los periodistas evidencia que la Fiscalía, especialmente la Anticorrupción, vive momentos convulsos. No obstante, la diputada señaló que la «valentía» de muchos fiscales y su «dignidad profesional» frente a la «obstrucción» o las «presiones» dignifica la profesión.
Rivera, por su parte, ha recordado en relación con los delitos económicos y de corrupción que en la Fiscalía provincial de Zaragoza se pensó hace un tiempo que era bueno profundizar en la especialización de determinados fiscales en la materia, y por eso se creó una sección de investigación de estos delitos que ha funcionado «perfectamente» y en coordinación con la Policía Nacional, la Guardia Civil, la administración tributaria y la Seguridad Social.
Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, insistió en la necesidad de perseguir los delitos económicos y de corrupción «sin piedad» y en avanzar en la formación y especialización de los fiscales, todo ello para conseguir agilizar la Justicia.
LA VIOLENCIA MACHISTA
La violencia machista, tras un fin de semana en el que en España han sido asesinadas tres mujeres por sus parejas o exparejas, centró gran parte de la comisión. Según la memoria del ejercicio de 2015, una mujer fue asesinada en ese año, en el que se abrieron 2.464 procedimientos penales (un 6% más que en 2014).
En 2015 se produjeron 442 sentencias condenatorias por delito, 59 por delito leve y 49 por falta, y 249 absolutorias, frente a las 251 del año anterior; mientas que se dictaron 165 órdenes de alejamiento (110 en 2014, es decir, un 50% menos el año anterior). Además, se solicitaron 552 órdenes de protección en 2015 y se concedieron 454, frente a las 314 concedidas de las 404 que se pidieron en 2014.
Rivera apostó, en esta materia, por integrar los casos de violencia doméstica en los juzgados especializados de violencia de género. Y reconoció la «frustración» de jueces, fiscales y abogados ya que a pesar de haberse puesto medios legales y procesales para acabar con esta lacra, no se acaba de parar la violencia machista. A pesar de ello, Rivera se mostró satisfecho porque se ha conseguido que la violencia machista coseche un «rechazo absoluto» entre la sociedad.