El autor desgrana de manera hábil la importancia de la financiación autonómica. Y es el momento -según apunta el autor- de que Aragón sea capaz de destacar el coste de cada servicio público en una tierra arañada por la despoblación para determinar sus necesidades de una forma consensuada.

Fernando Gimeno, consejero de Hacienda de la DGA, junto a Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro / EFE

No hay nada como complicar el lenguaje para que pase desapercibido un asunto importante. Si les hablo de financiación autonómica, del principio de suficiencia, de nivelación total o statu quo, es probable que no entiendan nada. Y de eso es de lo que hablan los expertos y debatimos los políticos. Provocando cierto rechazo por parte de los ciudadanos.

Ahora, si les hablo de que se trata del dinero que recibe Aragón para poder pagar a los médicos y mantener los hospitales, pagar a los maestros y mantener los colegios, pagar a los trabajadores sociales y atender a los que precisan ayuda, entonces la cosa cambia.

Y precisamente eso es la financiación autonómica. Imaginen lo que está en juego.

Si les hablo de que también hay que pagar a los jueces y mantener los juzgados, de que hay que pagar a los bomberos y limpiar los bosques y de que el dinero no cae del cielo.

Si les digo que Aragón no puede permitirse perder ni un sólo euro de lo que recibe, porque de momento no llega. Y al no llegar -usted, yo y todos los aragoneses- nos tenemos que seguir endeudando cada año. Entonces queda clara la importancia del asunto y cómo nos afecta.

Lo cierto es que Aragón no puede quedar discriminada por los cambios que se pretenden realizar en el modelo de financiación autonómica. Sobre todo porque no recibimos lo suficiente.

Aragón tiene poca población y un territorio inmenso lo que provoca que los servicios cuesten más. En cambio en otras comunidades autónomas es al contrario y suelen imponer sus criterios porque tienen más votantes, cuando lo coherente sería calcular cuánto cuesta cada servicio en cada zona y determinar las necesidades de forma adecuada. Y no sacrificar la igualdad para acceder a los servicios básicos por intereses que nada tienen que con ser objetivos en el reparto de recursos.

«En otras comunidades autónomas suelen imponer sus criterios porque tienen más votantes»

Así que mientras nosotros seguimos hablando de la ponderación de las distintas variables que determinan la población ajustada que sirve para establecer el coste de la ejecución de las competencias fundamentales, ustedes no olviden que se trata de preservar que recibimos suficiente dinero para poder educar, cuidar y atender a los aragoneses en las mismas condiciones que a cualquier ciudadanos del territorio nacional.

*Javier Martínez Romero es diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón