La acusación particular de la viuda de Eduardo Montori, asesinado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) hace más de 20 años, y el Ministerio Fiscal han pedido en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que se repita el juicio en el que el acusado Pablo Miguel Canales .L. fue declarado no culpable por un jurado popular.

La instrucción del caso fue reabierta recientemente, más de dos décadas después del suceso, gracias a los nuevos recursos tecnológicos y a tenor de un informe de la Guardia Civil, que aseguraba que la huella palmar impresa sobre una mancha de sangre en la pared de la habitación de la víctima correspondía a la del acusado.


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Sin embargo, en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Zaragoza en el pasado mes de abril el jurado manifestó en su veredicto que la huella palmar acreditaba que el acusado estuvo en el escenario del crimen en el momento de producirse, pero no prueba que fuera él el autor.

EL ACUSADO SE «JACTABA» DEL ASESINATO

Este aspecto, unido a hechos probados por el jurado como que el acusado se «jactaba» de haber cometido el asesinato de la víctima, han llevado a la acusación particular a presentar un recurso de apelación en el TSJA al considerar «incongruencia entre los hechos probados y el veredicto».

Una tesis a la que se ha adherido el fiscal, que ha manifestado en la sesión de hoy que el veredicto del jurado fue «irracional» y que no contiene un «relato de hechos coherente«, ya que el jurado consideraba probada la «jactancia posterior», así como la presencia del acusado en el lugar de los hechos.

Para el abogado de la acusación particular, Javier Notivoli, «que lo matara solo o con otros» nunca se sabrá, pero «fue demostrado que estuvo».

«Hay diferentes formas de autoría, se puede ser autor material y directo o se puede ser autor por cooperación necesaria, que puede ser por acción u omisión. Es decir, que de un modo u otro tuvo el dominio funcional del acto y no lo evitó y cooperó con su actuación al resultado mortal«, ha defendido Notivoli en declaraciones a la prensa al concluir la sesión.

ACUCHILLADO, DECAPITADO Y CALCINADO

El cadáver fue hallado en su domicilio en septiembre de 1996 y, tras su muerte, la víctima fue calcinada y decapitada, sin que la cabeza pudiera ser hallada por los responsables de la investigación.

Desde la defensa, el abogado Javier Elia entiende que «las preguntas no eran incongruentes» y que el jurado popular «no podía contestar o deliberar sobre la complicidad» del acusado ya que no era parte de objeto del veredicto, cuyas preguntas fueron dadas «por las acusaciones, fiscal y propio presidente de sala».


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El abogado defensor, que ha impugnado el recurso de la acusación y ha pedido que se le declare inocente, ha defendido que «el veredicto está fundamentado y es coherente» y que además no existe una «prueba contundente para considerarlo culpable».

Pablo Miguel Canales, en prisión actualmente, ha acudido a la sesión acompañado por la Policía Nacional.

Ahora, queda visto para sentencia si Pablo Miguel Canales es absuelto por esta causa -como determinó el jurado popular y apoya su defensa- o si se considera la petición de apelación de la acusación, secundada por el Ministerio Fiscal, que pide que se repita el juicio al entender que el veredicto fue «incongruente».