Viernes, 24 de Noviembre de 2017

Una carretera sinuosa une el municipio turolense de Armillas con su pedanía, Vivel del Río. Es el único camino para conectar ambos núcleos de población, sin embargo, está siendo ocupado por la empresa Minera Sabater. Y por ello, se están movilizando para exigir la defensa de sus derechos.

Los vecinos reclaman al Gobierno de Aragón que no acceda a la expropiación de los terrenos privados que posibilitan el acceso a la empresa valenciana. Concretamente, la solicitud se dirige a la dirección general de Energía y Minas de la DGA. Piden, desde la plataforma de afectados, que “se utilice carretera de entrada al pueblo“, u otras alternativas pero no la pista vecinal.


Publicidad


“Los camiones de cuarenta toneladas afectan al casco urbano y a los terrenos. El camino privado es el cordón umbilical de acceso al pueblo para los vecinos“, explica Miguel Morte, uno de los portavoces de la plataforma de afectados. Armillas pide soluciones. Y las necesita ya.

SIN PERMISO

La plataforma ciudadana compareció ayer en la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para pedir la búsqueda de soluciones alternativas al uso de esta pista, construida en los años 60 por los vecinos de esta pedanía sobre sus propias fincas particulares y que ya ha sido “utilizada sin permiso” en otras ocasiones por la empresa minera que “no se hizo cargo de los daños realizados”, explicaron.

Morte, uno de los portavoces de la plataforma, concretó que “el paso por este camino no es un derecho“, sino que hay que pedir permiso, dado su carácter privado. Explican desde la plataforma que no están en contra de la minera, tan sólo del uso que dan al camino vecinal.

REACCIÓN POLÍTICA

Los grupos políticos plantearon sus soluciones a la plataforma de afectados en las Cortes de Aragón. Desde el Partido Popular, el diputado Fernando Galve recalcó que son los vecinos afectados “los primeros en intentar solucionar el problema y no el Gobierno”, mientras que el socialista Herminio Sancho se mostró “en disposición de diálogo” para encontrar una solución.

La plataforma de afectados, en las Cortes de Aragón / H.A

La diputada de Podemos Itxaso Cabrera consideró que en este asunto “los intereses privados de una empresa en concreto han primado sobre los públicos” y la portavoz del PAR en esta Comisión, Lucía Guillén, lo calificó de “difícil e incomprensible”.

El representante de Ciudadanos Jesús Sansó se mostró partidario de “la compatibilidad de usos y la solución de consenso” y desde el Grupo Mixto, la diputada Patricia Luquin (IU) cerró la ronda de intervenciones de los grupos mostrándose contraria a una “expropiación forzosa porque sí