Sabado, 16 de Diciembre de 2017

¿Privilegios en la enseñanza pública estatal?

Este mes de noviembre han pasado muchas más cosas que los sucesos de más allá del Segre y las cárceles madrileñas donde duermen políticos presos, que no presos políticos. Y te aviso que son cosas muy pero que muy importantes.

Más allá del monotema, hay novedades en uno de los temas más candentes de la legislatura: esos otros ”golpes de Estado’ hacia la libertad de educación.


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De todos son conocidos los fuertes embates que desde el Gobierno de Aragón, y en concreto desde la Consejería de la ínclita Mayte Pérez, se han realizado contra la educación de iniciativa social.

Sólo la acción protectora de la legalidad vigente realizada por el poder judicial ha limitado -en parte- el sectarismo azuzado por todos los grupos de la izquierda (PSOE y CHA) y de ultraizquierda (IU y Podemos).

La oposición real a estos ataques contra la libertad la ha protagonizado la sociedad civil con movilizaciones históricas. Tanto en las calles, como a la hora de elegir colegios de iniciativa social frente a los de titularidad estatal, por parte de los padres de los niños aragoneses.

Esta sociedad civil, tranquila, sosegada, firme y seria le está haciendo el trabajo a PP, PAR y Ciudadanos a la vista de la poca repercusión social que tiene la defensa de la libertad de educación en las Cortes de Aragón: demasiados escaños ocupados para tan poco rédito.

“La oposición real a estos ataques contra la libertad la ha protagonizado la sociedad civil con movilizaciones históricas”

Y por si faltaban argumentos en favor de la libertad de educación este 29 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos sobre la educación en España . Ojo, que como dijo Mark Twain: “Hay tres clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas”

Ya conocemos de sobras la dualidad con la que pretende la izquierda aragonesa presentar a una función tan crucial como es la educación de sus niños y jóvenes.

No hace falta que te recuerde la posición clara que defiendo al respecto: la educación es un derecho de los niños y jóvenes que en su nombre ejercen los padres. Los poderes públicos deben garantizar con la normativa adecuada que esa libertad se pueda ejercer.

Para la izquierda, la educación es un arma que utilizada sagazmente puede inocular en los pupilos aquellas ideas con las que poder orientar a toda una sociedad en la dirección que les convenga.

Por otro lado, para la derecha la educación es algo con lo que nunca han sabido qué hacer o, al menos, mantener el status quo actual para que no se alborote el gallinero. Ni de un lado ni de otro hay un compromiso firme y decidido por el cumplimiento constitucional del ejercicio de este derecho.

¿Y qué datos nos encontramos en las tablas que nos facilita el INE? Me pongo la venda antes de que salga la herida. Reducir el problema de la educación a números, ratios y euros me parece un reduccionismo peligroso pero quiero lanzar otras líneas de debate para airear el viciado local del debate sobre la educación en nuestro país.

¿Sabías que el 70% de todo el gasto educativo en las etapas no universitarias corresponde a personal? Evidentemente es un sector especialmente intensivo en’‘mano de obra’ pero quizá las infraestructuras, los medios pedagógicos, alternativas educacionales que cuestan dinero deberían tener otra presencia en las aulas.

¿Sabías que el 70% de todo el gasto educativo en las etapas no universitarias corresponde a personal?

¿Sabías que sólo el 30% de la titularidad de los centros educativos en Aragón corresponde a iniciativas de la sociedad civil? El Estado de nuevo quiere sustituir la dinámica de la propia sociedad por la suya en algo tan crucial como la educación de nuestros hijos: no hagamos dejación de nuestra responsabilidad.


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¿Acaso un colegio por el mero hecho de ser estatal ofrece una educación mejor que otro que es de iniciativa social? Políticos, burócratas y funcionarios se encargan de repetirnos hasta la saciedad que servicio público y titularidad pública del servicio es lo mismo y esto es una gran falacia.

¿Acaso el alimento o el vestido no son de los servicios públicos más importantes y básicos de nuestro propio sustento y no nos planteamos, salvo algún iluminado de corte bolivariano, que tenga que ser el Estado quién los preste?

¿Acaso un colegio por el mero hecho de ser estatal ofrece una educación mejor que otro que es de iniciativa social?

Hay otro indicador que gusta mucho a los amantes de los datos educacionales: las ratios de alumnos por aula… Detrás de estas ratios hay de nuevo una trampa escondida y es el número de docentes que se encargan de cada aula.

Un aula con 15 alumnos de Formación Profesional Básica o de Educación especial poco tiene que ver con otra de Bachiller con 30. Y un aula en el mundo rural precisa de más dotación docente por cuestión del mínimo de infraestructuras que precisa. Las ratios las carga el diablo.

¿Cómo salvamos este problema? El estudio del INE nos ofrece otro indicador poco utilizado y es el número de alumnos por profesor. Ojo al dato, como diría aquel.

En la enseñanza de titularidad estatal el número de alumnos por profesor es de 11 mientras que en la enseñanza de iniciativa social es de 15… ¡touché! El profesor de la concertada tiene, de media, 4 alumnos más a su cargo que uno de la estatal.

Si nos vamos a un centro de Primaria y ESO la diferencia es brutal. En los colegios estatales el número de alumnos por profe no llega a 8 mientras que en los de iniciativa social superan los 15. ¡Prácticamente el doble!

No quiero ser sensacionalista. Hay un aspecto que es importante reseñar y es que la escuela rural, por sus características, tiene unas ratios de alumnos por profesor muy bajas. Y ahí el Estado no deja que entre la iniciativa social que, por propia supervivencia, tiene que permanecer en localidades con una población infantil y juvenil adecuada. Pero ni eso justifica ese diferencial tan enorme.

Y hablando de supervivencia. Otro dato que da mucho que pensar. La DGA destina alrededor de 4.700 € por alumno y curso.

La diferencia entre lo que la administración educativa destina a los centros de su propia titularidad y a los de titularidad social es sencillamente escandaloso: casi 5.400 € por alumno y curso en la estatal por algo más de 4.000 € en la social. Un 35% más de coste tiene una plaza escolar en la red estatal que en la red de iniciativa social.

“Un 35% más de coste tiene una plaza escolar en la red estatal que en la red de iniciativa social”

¿Por qué sucede esto?

Porque un profesor de la red estatal puede cobrar entre un 25 y un 35% más de sueldo a igual puesto y antigüedad que uno de la red social, teniendo en cuenta que los de la estatal trabajan menos horas lectivas que los de la social.

Está claro que un profesor no tiene porque ser mejor ni peor porque cobre más o menos, o porque trabaje más horas o no, pero el dato da que pensar.

Porque los gastos para funcionamiento que la DGA dedica a los centros de su titularidad son mucho mayores por alumno que los de la red social.


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Es como si, por ejemplo, la calefacción de un colegio estatal valiese más mantenerla que en uno social, o la iluminación de las aulas o la limpieza del patio, o el gasto en material fungible…

Porque las infraestructuras de los centros de iniciativa social no son financiados con los recursos de todos los ciudadanos y por lo tanto no son cargas para el erario público.

Finalmente romperé una lanza en favor de lo que es común a la red de titularidad estatal y la red de iniciativa social: la profesión docente.

En pocos lugares, y he estado en unos cuantos, he encontrado un nivel de profesionalidad, entrega, compromiso y dedicación como la que maestros, profesores, orientadores y el personal de administración tienen.

Con menos intromisión por parte de los poderes públicos, con una mayor autonomía para padres y profesionales y con un sistema de financiación de centros en los que los protagonistas de la educación puedan decidir qué quieren para nuestros niños y jóvenes estoy seguro que la cosa no sería igual.