La Fiscalía de Huesca ha solicitado retomar la investigación penal contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluis Puig por delitos de desobediencia grave a la autoridad judicial al negarse a facilitar el retorno de los bienes del Monasterio de Sijena depositados en el Museo de Lérida.
La petición la formula el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca en el que se adhiere al recurso interpuesto por la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra el archivo de la denuncia penal presentada contra ambos responsables políticos.
DESOBEDIENCIA
El letrado de Sijena, Jorge Español, denunció los hechos en el juzgado de guardia de Huesca tras perder ambos exconsellers su condición de aforados, acompañándola de un informe elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo que veía indicios de la comisión de presuntos delitos en la conducta de ambos.
El Juzgado de Instrucción nº 3 resolvió archivar la denuncia, una decisión que Español atribuye a un «error» del órgano judicial de guardia por no dar toda la documentación anexa a la denuncia que aporta pruebas de la presunta comisión de los delitos.
El fiscal jefe de Huesca subraya que ambos exconsellers no sólo conocían las resoluciones que les obligaban a entregar las piezas, sino que eran «conscientes» de que la efectividad de la orden judicial «dependía, en buena medida, de decisiones que habían de ser tomadas en el ámbito de sus competencias«.
Destaca que en el caso de ambos exconsellers, el juez encargado del caso hizo requerimientos e, incluso, apercibimientos de incurrir en responsabilidades penales por desobediencia y, sin embargo, la obligación impuesta a ambos fue «incumplida con rotundidad».
EL FISCAL SEÑALA
El representante del ministerio público señala, además, que la obligación de ambos era trasladar al Monasterio de Sijena las piezas requeridas en un lugar y hora previamente acordados con el Gobierno de Aragón y no en Lérida, como se hizo finalmente.
Considera que las consecuencias de este incumplimiento y de la desobediencia fueron «capitales», ya que la operación requirió un gran despliegue de medios materiales y humanos.
Medios, subraya, que la administración aragonesa y la policía judicial tuvieron que habilitar para «suplir la obstinada voluntad de los investigados y también por el riesgo de alteración de la seguridad y de la pacífica convivencia ciudadana».
Añade que ambos investigados debieron prever que su presunta desobediencia y su abierta negativa a cumplir la orden «producía un efecto multiplicador y afectaba a una pluralidad de sujetos y colectivos que no tenían que soportar las consecuencias de su irresponsable comportamiento, con un riesgo cierto y previsible de provocar comportamientos de lesión irreparable de la convivencia».
Considera, además, que la competencia para investigar los hechos, una vez perdida la condición de aforados de los exconsellers, corresponde al lugar donde se desobedeció la orden judicial, el Monasterio de Sijena.
En virtud de todo lo argumentado, el fiscal pide la reapertura de la causa, la toma de declaración de ambos exconsellers con la aportación de sus antecedentes penales y el ofrecimiento de acciones al Gobierno aragonés y al Ayuntamiento de Sijena para el caso de reclamar responsabilidad civil, que correspondería afrontar a la Generalitat.
Además, insta al juez a que dirija un escrito al Parlamento de Cataluña para que informe si Lluis Puig es o no diputado electo a fin de verificar si es de nuevo aforado y derivar su causa al Tribunal Supremo.