El día 28 de marzo de 2017 el consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón aprobó el informe de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua correspondiente al ejercicio 2015 (211 páginas), que, una vez analizado por los grupos políticos de las Cortes de Aragón, motivó la solicitud de Podemos de creación de una comisión de investigación en el parlamento autonómico.
Hubo unanimidad, y su creación se aprobó el día 20 de abril.
Efectivamente, el documento remitido por la Cámara de Cuentas alertaba de desfases, sobrecostes, incumplimientos, sobredimensionamiento de instalaciones y desvío de parte de los fondos recibidos del entonces Ministerio de Medio Ambiente.
Las cifras son realmente escandalosas: revisiones de costes que pasaron de los 644 millones inicialmente previstos a más de tres mil millones apenas tres años más tarde; costes de depuración por metro cúbico que duplican los que se obtendrían mediante sistemas más baratos de gestión directa…
De hecho, el órgano fiscalizador advertía de que la Comunidad Autónoma podría verse obligada a devolver 117 millones al Estado por el «probable incumplimiento» del Plan de Saneamiento y Depuración en la cabecera de los ríos pirenaicos.
Todo apunta, en fin, a que la planificación y gestión del Plan ha distado mucho de la ejemplaridad.
Una de las consecuencias de esa discutible gestión ha sido la necesidad de aplicar el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas, ICA, a los habitantes de Zaragoza.
Ciudad que ya hace años afrontó con sus medios la construcción de sus propias depuradoras de aguas residuales, al margen de ese Plan que ahora deben contribuir a financiar. La aportación de Zaragoza resulta clave para su viabilidad.
La planificación y gestión del Plan ha distado mucho de la ejemplaridad
Se habló en su momento de que la comisión de investigación podría tener concluidos sus trabajos seis meses más tarde de su creación, pero lo último que hemos sabido es que no ha sido hasta ahora, en enero de 2018, cuando se ha constituido.
Una circunstancia que arroja serias dudas sobre la operatividad de la cámara legislativa aragonesa. Diligencia, poca.
El PP propone ahora una comisión de estudio en las mismas Cortes de Aragón para analizar la aplicación del ICA, especialmente conflictivo en Zaragoza.
El Consejero de Hacienda, Fernando Gimeno / Cortes de Aragón
¿Están duplicando cobros el gobierno de Aragón con el ICA y Ecociudad, una empresa municipal, con su precio público? ¿Deben pagar los zaragozanos la depuración del resto de Aragón cuando ellos ya han pagado sus infraestructuras y pagan su depuración?
¿Asumirá el gobierno de Aragón, para compensar las cantidades que recauda a los zaragozanos, los costes de la depuración de la ciudad?
Hace ya algo más de dos años que el Ayuntamiento de Zaragoza decidió dividir la facturación del suministro de agua por un lado, y su depuración y saneamiento por otro.
¿Están duplicando cobros el gobierno de Aragón con el ICA y Ecociudad, una empresa municipal, con su precio público?
Es por eso que el Ayuntamiento cobra una tasa por el suministro de agua y Ecociudad, una empresa pública, un precio público por el saneamiento.
Se argumentó la medida por el diferente trato aplicable en el supuesto de impago, la vía ejecutiva en el caso de las tasas y la vía civil en el caso del precio público.
Ahora bien, ¿el coste del saneamiento del agua es realmente un precio público? ¿Ese servicio público es voluntario como puede ser el uso de las piscinas o instalaciones deportivas municipales?
Porque un ciudadano puede eludir el pago de un precio público simplemente no haciendo uso de ese servicio. ¿Es eludible el pago del saneamiento?
Hay más diferencias: el coste del servicio es el máximo que puede imputarse a una tasa, mientras que en un precio público es el mínimo. Ello permite que el precio público reporte beneficios, algo que no debería ocurrir en el caso de las tasas, aunque no siempre se cumple.
¿Es eludible el pago del saneamiento?
Porque, ¿qué servicio presta el Ayuntamiento que justifique el cobro de la tasa por obras menores en el interior de una vivienda? (Quizás eso no pueda ser considerado una tasa sino un impuesto puro y duro, uno más)
A ello se suma ahora el pago del ICA, cuya pertinencia va a ser objeto, a propuesta del PP, de estudio en las Cortes de Aragón, y lo primero que debiera aclararnos esa comisión es por qué el ICA que cobra el gobierno de Aragón es un impuesto y no un precio público, como lo que cobra Ecociudad por el mismo concepto de saneamiento de las aguas residuales, ni una tasa.
Las Cortes de Aragón deberán depurar responsabilidades del plan de depuración / H.A
O sea, a todos esos vecinos que se han negado a pagar el ICA, ¿se les aplicará la vía ejecutiva o la vía civil? Los servicios jurídicos de ambas instituciones, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, deberían ponerse de acuerdo.
Clarificar todas estas cuestiones y saber explicarlas convincentemente a los ciudadanos, algo que hasta ahora no se ha hecho, va a suponer mucho esfuerzo a las administraciones implicadas.
A ver cómo lo hacen.