Sabado, 22 de Septiembre de 2018

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) presentó ayer su propuesta para suprimir el Impuesto de Contaminación de las Aguas, que incluye establecer un tributo compensador y una tasa autonómica.

Y entretanto, una moratoria en el cobro del impuesto. Una propuesta que, desde el Gobierno de Aragón, calificaron de “imposible”, según el consejero de Desarrollo Rural y Sosteniblidad, Joaquín Olona.


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El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, mantuvieron ayer sendas reuniones con representantes de la RAPA y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para hablar de la modificación del ICA.

DISCREPANCIAS

Tras la reunión con Lambán y Olona, José Ángel Oliván y Enrique Gracia explicaron los principales puntos de la propuesta de la RAPA, que pasa por establecer un nuevo modelo “sostenible” de saneamiento y depuración en Aragón.

Con la apuesta por la construcción y gestión de las depuradoras desde los ayuntamientos. Y que los gastos “suntuarios” provocados por el actual modelo de depuradoras se sufraguen con cargo al presupuesto de la Comunidad, unos 12 millones al año.

Para la financiación del modelo, la RAPA plantea que en los casos en los que es posible que las depuradoras sean gestionadas y sostenibles por los ayuntamientos, estos asuman la competencia y se financie con tasas locales.

También proponen la creación de una tasa autonómica de depuración equivalente al precio medio por metro cúbico facturado en Zaragoza que se aplicaría a los municipios que reciben la depuración a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y se facturaría a los usuarios a través de la entidad que preste el servicio, con criterios de progresividad.

Además, la entidad propone que se fije un tributo complementario, equivalente a la diferencia entre la tasa autonómica y el precio por m3 de depuración facturado en España. Este tributo se aplicaría a todos los municipios, tengan o no sistema de depuración, y se facturaría directamente a los ayuntamientos, no a los usuarios.

Los costes no cubiertos por los ingresos tributarios se cubrirían con otros ingresos del presupuesto general del Gobierno de Aragón. Según los cálculos de la RAPA, estos cambios supondrían una reducción en el pago en torno al 40 por ciento.

UNA REVISIÓN A FONDO

Según Oliván, el Gobierno de Aragón fue receptivo a las propuestas en un asunto que “no es de corto plazo”, ya que supone planificar para las próximas décadas la depuración y el saneamiento de Aragón, con una modificación de la Ley de Aguas, que exige un consenso amplio de los grupos políticos en las Cortes.

Eso no impide, apuntó, que la comisión técnica puesta ya en marcha para tratar el ICA siga avanzando en los debates, con la exigencia de la RAPA, matizó Oliván, de que participe Olona -algo que no estaba previsto y que el consejero no ve primordial para no introducir variantes a lo acordado- y que no solo se hable de “retoques” del impuesto, sino de todo el plan de depuración.

Entretanto, la RAPA reclama que el ICA se deje de cobrar ya a los municipios que carecen de depuradora, además de una moratoria en su aplicación en Zaragoza y otros municipios con sistema propio de depuración, algo que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha asegurado que es “técnica y jurídicamente imposible“.

La FAMCP, explicó su vicepresidente y alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, trasladó a Lambán la necesidad de que se apliquen exenciones y bonificaciones en el pago del ICA que tengan en cuenta las características y circunstancias de las familias, algo que no sería posible, ha dicho, con tasas.

Herrero recordó que el ICA es un impuesto que pagan la mayoría de ayuntamientos desde hace 14 años y advirtió del “agravio” que sufren los ayuntamientos sin depuradoras y están siendo sancionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

EL COMPROMISO CON PODEMOS ACELERA EL ACUERDO

Olona aseguró que el Gobierno comparte muchos puntos con la RAPA y con la FAMCP, y que las posibilidades de un acuerdo están “cerca”.

Teniendo en cuenta que se debería modificar una ley que se aprobó en 2014 -Ley de Aguas y Ríos de Aragón- casi por unanimidad, y que la solución no puede “eternizarse”. Principalmente por el compromiso del Gobierno con Podemos de alcanzar un acuerdo antes de marzo para trasladarlo a las Cortes.

Y aunque consideró que recurrir a una tasa “no es la fórmula más adecuada”, se comprometió a estudiar y discutir todas las opciones para que la solución que se traslade a las Cortes sea lo más consensuada posible, y por tanto “robusta y estable”.

Insistió, respecto a la moratoria, que no se trata de una postura “intransigente” del Gobierno o de una cuestión de voluntad, sino de que el Ejecutivo no se puede comprometer a algo que es “imposible”.