Miércoles, 20 de Junio de 2018

Creíamos, o más bien queríamos creer, que nuestras cotizaciones estaban capitalizando nuestra futura pensión. Y no es así.

Nunca, desde hace ya unos cuantos años, ha sido así.

No estamos garantizándonos un derecho, sino pagándoselo a otros. Es frustrante, lo sé, pero es la verdad. Y que yo lo exponga no quiere decir que me guste.


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No obstante, parece que el empleo remonta, lo cual siempre es un alivio, pero lo hace tan despacio y con salarios tan bajos que no es probable que con eso se compense, ni de lejos, el aumento de pensionistas y la pertinacia con que nos agarramos a la vida, empeñados como estamos los españoles en ser los (casi) más longevos del planeta.

Una pirámide invertida, nuestro sistema de pensiones, inestable y con tendencia a caer.

Hemos salido, mal que bien, de la crisis, pero nos amenazan peligrosos desequilibrios que siguen sin corregirse.

Miles de pensionistas salen a la calle para reclamar pensiones justas / EFE

Rajoy no ha incurrido en los gravísimos errores de Zapatero, porque es mucho más prudente y está mejor aconsejado, pero no ha acometido muchas de las reformas pendientes.

En particular, permanece intocable, sin reformar, el último gran foco de ineficiencia económica que resta en España, la Administración pública. Ahí están para confirmarlo el déficit crónico y la deuda, siempre creciente.

Las familias, los trabajadores y las empresas somos quienes realmente hemos sacado a nuestro país de la crisis, quienes hemos reducido salarios y beneficios, nos hemos apretado el cinturón y hemos visto disminuir nuestro poder adquisitivo.

“Permanece intocable, sin reformar, el último gran foco de ineficiencia económica que resta en España, la Administración pública”

Sin embargo, el conjunto de las administraciones públicas continúa con su hipertrofia, sus duplicidades y sus solapamientos, prestando en muchas ocasiones servicios que no necesitamos y malgastando en ello unos recursos que no tenemos: administración municipal, comarcal, provincial, autonómica…

¿Son todas necesarias o siquiera útiles?

Teniendo en cuenta que todos los partidos políticos tienen representación en ellas y conocen su actividad, sus recursos y sus gastos, ¿cómo es posible que ninguno sea capaz de plantear una elemental política de simplificación administrativa, de optimización de recursos, de clarificación competencial y, en definitiva, de ahorro?

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España / H.A

¿Qué partido ha propuesto eliminar gastos prescindibles? Ninguno con representación parlamentaria.

¿Qué partido está dispuesto a suprimir las comarcas en Aragón? Ninguno con representación en las Cortes.

¿Qué partido está dispuesto a suprimir las autonomías o a recortar sus competencias como pide casi un tercio de los españoles? Ninguno con representación en el Congreso.

Y no hay para todo. O una cosa u otra.

¿Queremos una televisión pública en cada autonomía o queremos pensiones? ¿Queremos parlamentos autonómicos o queremos pensiones? Ha llegado el momento de elegir, y además con urgencia.

“¿Queremos una televisión pública en cada autonomía o queremos pensiones? ¿Queremos parlamentos autonómicos o queremos pensiones?”

Como ejemplo, un botón: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal acaba de dictaminar que los ayuntamientos están sobre financiados. Debe ser verdad, puesto que han sido las primeras (y de momento las únicas) administraciones públicas en salir de la crisis y en presentar superávits.

La Autoridad Fiscal ha recomendado, por ello, que se les transfieran competencias, descargando a las comunidades autónomas. ¿Y por qué no ha propuesto que bajen impuestos y tasas?

Hace pocos días, con pocas fechas de diferencia, hemos sabido que el Ayuntamiento de Zaragoza ha editado una guía para el consumo seguro de drogas, que está subvencionando cursillos de autosatisfacción femenina y que, ya en la legislatura pasada, difundía consejos para ligar que todavía, hasta hace poco, se podían consultar en la web municipal.


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Todas esas actividades, en mayor o menor medida, han ocupado al personal que ha trabajado en ellas y detraído recursos públicos.

¿Son esas cuestiones competencia municipal? Dudo que sean incluso competencia de los poderes públicos, cualquiera que sea la instancia en que pensemos.

¿Y si empezaran a centrar su actividad exclusivamente en sus competencias y nos bajaran los impuestos?

Para todos esos asuntos que he citado, y alguno más, ya nos buscaríamos la vida los ciudadanos, sin ayuda institucional.