Los grupos de la izquierda en las Cortes de Aragón se han comportado como un bloque compacto para tumbar la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado a la ley de Memoria Democrática, con lo que esta sigue su tramitación parlamentaria, con el apoyo también de Ciudadanos y la abstención del PAR.
En la citada Ley de Memoria Democrática se especifica, en su régimen sancionador, «utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil» con multas de hasta 150.000 euros, en caso de reincidencia.
En concreto, en el citado articulado, se incluye cualquier apología del franquismo como gritar ‘Viva Franco’, cantar el ‘Cara al Sol‘ o cualquier grito de apoyo al régimen totalitario.
Por otro lado, destaca en el proyecto de Ley del Gobierno de Aragón (PSOE-CHA), liderado por Javier Lambán, que se cuestione la Ley de Amnistía aprobada en 1977 por las Cortes Constituyentes, y que según diferentes historiadores o cronistas parlamentarios, sentó las bases del inicio de la transición democrática.
Junto a estas apreciaciones, otras medidas de esta ley son la creación de una serie de bancos de ADN para identificar familiares asesinados, protocolos en torno a las exhumaciones y la retirada obligatoria de símbolos y títulos franquistas. En palabras del Consejero de Presidencia, Vicente Guillén, «la ley de ‘Memoria Democrática’ es más ambiciosa que la aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero».
DIVISIÓN E IDEOLOGÍA
En un debate de un marcado carácter ideológico, el diputado del PP Miguel Ángel Lafuente ha defendido la enmienda a la totalidad presentada a un proyecto de ley que fue aprobado por el Gobierno el 18 de julio de 2017 y que el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha justificado en la necesidad de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo de obtener «verdad, reparación y justicia«.
La ley, según Guillén, ha sido impulsada por el Ejecutivo autonómico como han hecho los de otras comunidades, ante la «inacción» y la «inanición presupuestaria» a la que el Gobierno central ha sometido a la ley estatal de Memoria Histórica aprobada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
«El 3 de marzo, aniversario del bombardeo de Alcañiz, será el Día de la Memoria Democrática de Aragón»
Aragón, ha agregado, quiere contribuir, «sin ambages», a fortalecer la democracia desde el pluralismo y la libertad para garantizar el derecho a la verdad y el deber de recordar y evitar tesis «revisionistas y negacionistas».
Así, se reconocen las violaciones a los derechos humanos en Aragón desde el golpe militar de 1936 contra la Segunda República hasta el restablecimiento de la democracia en 1978, así como el carácter injusto de condenas y sanciones por ideología, género, religión o cualquier otro motivo.
Guillén ha asegurado que la ley, que no es excluyente, favorece políticas activas para la exhumación de los cadáveres de las fosas comunes, en lo que trabajará de oficio y colaborará con otras comunidades, y para impulsar un reconocimiento a colectivos especialmente perjudicados, como mujeres, exiliados, mano de obra forzada o bebés robados.
Se establece el 3 de marzo, aniversario del cruento bombardeo de Alcañiz, como el Día de la Memoria Democrática de Aragón; fija la creación de lugares y rutas de la memoria y apuesta por la inclusión de contenidos relacionados con ella en el currículo.
«ES RADICAL Y SECTARIA»
Lafuente, por parte de los populares, ha considerado que la ley pretende «que el pasado no pase» y su verdadera razón es «dividir y acusar», porque «de entrada» excluye a una parte determinada de la sociedad y pretende dejar claro que la democracia solo se identifica con los postulados de la izquierda.
Es una ley «partidista», «parcial», «intolerante, «radical» y «sectaria«, y sus objetivos, para el PP, son «reescribir la historia documentada», imponer una verdad, crear un vínculo directo entre el pasado totalitario y un partido «actualmente entroncado con la democracia», y hacer una «idealización extrema» de la Segunda República, régimen en el que «también» se violaron los derechos humanos, según ha dicho.
Lafuente: «Están pretendiendo enmendar la Transición»
«Se pretende reescribir y cancelar la historia de nuestro país e imponer una verdad oficial que no es discutible a riesgo de ser considerado fascista», decía el diputado popular.
Junto a ello, Lafuente entiende que debe de reconocerse a las víctimas del «cruento» bombardeo sobre Alcañiz (Teruel) -como señala la Ley- por parte del bando sublevado, pero también se debería incidir en las víctimas del bombardeo del ejército republicano sobre Zaragoza donde fallecieron 119 civiles, 29 de ellos eran niños.
Darío Villagrasa (PSOE) y Miguel Ángel Lafuente (PP), en las Cortes de Aragón / CdA
Darío Villagrasa, del PSOE, ha lamentado el «discurso vergonzante» del PP, que no se sonroja con el hecho de que el Gobierno central esté financiando a la Fundación Franco o que España sea el segundo país del mundo, tras Camboya, con más personas asesinadas en fosas y cunetas.
Es un «error flagrante» pensar que esta ley se hace contra alguien cuando durante más de cuarenta años «se ha estado homenajeando» a los héroes patrios del bando sublevado mientras que muchas otras personas solo tenían un camino: «el exilio o trabajar y llorar en silencio».
PODEMOS, AL PP: «HEREDEROS DEL FRANQUISMO»
Para Alfonso Clavería, de Podemos, la ley trata «de derechos» y «restitución» ante la «indecencia» de las fosas y es «integradora» frente a la actitud del PP, «que no quiere ninguna ley porque no acepta la necesidad de reconocer lo derechos de las víctimas».
Ha lamentado las «tesis revisionistas» de los «herederos del Franquismo» y ha insistido en que el Estado tiene «una deuda» con las víctimas, a quienes en la Transición se les dijo que era «demasiado pronto» y ahora se les dice que es «demasiado tarde».
Por el Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha recriminado al PP el «tufillo franquista» de la enmienda a una ley que pretende «dignificar» a las víctimas y que sus familiares puedan llorarlas después de 40 años en los que la historia la escribió «su bando», le ha dicho a Lafuente.
«Una ley impulsada por la izquierda aragonesa con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PAR»
Gregorio Briz (CHA) ha hecho hincapié en el complejo «de inferioridad o de culpa» del PP en este asunto, que ha echado mano de las teorías revisionistas en su enmienda.
Por Ciudadanos, Ramiro Domínguez ha pedido «flexibilidad» al Gobierno para lograr el consenso durante el trámite de la ley, a la que su grupo ha presentado 33 enmiendas, y ha exigido que se haga justicia con «todas» las víctimas y se invierta hasta el último euro previsto en la exhumación de cadáveres, porque «corre prisa».
Berta Zapater, del PAR, ha justificado la abstención de su grupo en la aspiración de «algunos» de querer ser «justicieros» y en la sensación que tiene de que algunos responsables políticos «no afrontan el pasado con responsabilidad y serenidad».