Jueves, 19 de Julio de 2018

El Pleno del Senado ha rechazado hoy la petición de Compromís, Unidos Podemos y PdeCAT para crear una comisión que investigara los crímenes cometidos en diciembre en la provincia de Teruel por el asesino confeso Norman Feher, alias ‘Igor el ruso’, quien mató a un ganadero y a dos guardias civiles.

Unos crímenes perpetrados en la localidad de Andorra el 14 de diciembre, después del intento de asesinato a dos vecinos de Albalate del Arzobispo, también en la provincia de Teruel, nueve días antes.

El debate ha sido presenciado por la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, de Izquierda Unida, y de amigos y familiares del ganadero asesinado, quienes han recibido las condolencias desde la tribuna de todos los portavoces de los grupos pese a las discrepancias a la hora de apoyar la iniciativa.


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Para los proponentes, hay muchas incógnitas que aún no se han resuelto sobre estos sucesos, pero sobre todo consideraban necesario investigar el abandono de la provincia en materia de seguridad, la falta de efectivos, si el dispositivo policial fue correcto o por qué no saltaron las alarmas cuando en las semanas anteriores se habían producido once robos en la zona.

Tanto Carles Mulet, de Compromís, como Joan Comorera, de Podemos, han dejado claro que no querían inmiscuirse en el trabajo de la Justicia, pero sí poner de manifiesto los fallos que pudo haber para que nunca más vuelvan a producirse casos así.

Comorera ha precisado algunos otros interrogantes a los que aún debe darse respuesta, como los motivos por los que el despliegue policial no fue mayor para perseguir y detener al asesino, por los que no se alertó a la población o por qué uno de los agentes fallecidos llevaba un chaleco antibalas pequeño para su talla.

Además de algunos senadores del grupo mixto, se ha opuesto a la iniciativa, la representante del PP en el debate, María del Carmen Leyte, quien ha recordado que parte del caso está bajo secreto del sumario y que es necesario dejar actuar a la Justicia, en un país donde hay separación de poderes.

Leyte ha añadido que no se puede “embarrar” todo ni poner “en tela de juicio actuaciones de profesionales como los agentes de la Guardia Civil”, que está “muy implicada en el mundo rural”.

“No vale todo, el PP está con las víctimas y quiere que se esclarezcan los hechos y todo el peso de la ley caiga sobre el culpable”, ha añadido.


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En el texto de la iniciativa, los proponentes hacían referencia a la pérdida de efectivos en las fuerzas de seguridad del Estado desde que gobierna Mariano Rajoy, -un 9,9 por ciento en la Policía y un 6,4 por ciento en la Guardia Civil- y a la inseguridad en las zonas rurales.

Aludían también a los datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que cifra entre 700 y 800 los efectivos adicionales que serían necesarios en Aragón.

Los proponentes creían que deben pedirse, “sin dilaciones”, responsabilidades políticas y exigir al Gobierno medidas que garanticen una mayor eficacia de la seguridad en las zonas más afectadas por los recortes en el número de efectivos.