Miércoles, 18 de Julio de 2018

Hace apenas un mes, tras 30 años sin romperse el récord de Europa en los 400 metros, Óscar Husillos lo consiguió. Una carrera limpia, sin trampas ni empujones ni por supuesto doping; pero cuando empezaba a celebrarlo le llegó una mala noticia: fue descalificado.

Simplemente había pisado la línea blanca que separa las calles de la pista y, señores, hay un artículo del reglamento que lo prohíbe. Los jueces de la competición no se lo pensaron dos veces y tuvieron que comunicarle el fallo. Como buen deportista, el velocista palentino se lo tomó con elegancia. Sabe que las reglas en el deporte son esenciales.


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Pero parecen ser esenciales en el deporte, no en las instituciones, al menos para elegir Justicia en las Cortes de Aragón, donde algunos dicen que valen los redondeos y el “ni pa tí ni pa mí, lo dejamos en 40”.

Y es que ya saben: para elegir Justicia se necesita el acuerdo de 3/5 de la Cámara y, ¡qué mala suerte!, eso son 40’2 de 67 diputados. Como solo 40 parecen estar dispuestos a apoyar al candidato Dolado, algunos dicen que vale esa pequeña rebaja.

Pero mi columna de hoy no va a entrar en esa discusión. Creo que ya hay sesudos letrados perdiendo el tiempo con ello. También quiero dejar claro que no tengo nada en contra de Dolado como tampoco en contra del actual García Vicente.

A mí lo que me pasa es que no quiero que nombren a ninguno, el problema no es el quién sino el qué. Propongo que pongamos el letrero de “cerrado por fin de negocio” y dejemos de gastar dinero y energías de buenos profesionales en esta Institución.

Así lo piensan en 6 comunidades autónomas donde no existen “defensores del pueblo” y no les pasa nada. Para evitar duplicidades, estas Comunidades autónomas se sirven del defensor del pueblo estatal que, sí señores, hace lo mismo, aunque con menos recursos.

“A mí lo que me pasa es que no quiero que nombren a ninguno, el problema no es el quién sino el qué”

Y es que con la supresión de esos defensores regionales ahorraríamos 30 millones de euros al año, dos de esos millones cada año en Aragón (calcule VD lo que nos ha costado el Justicia desde que lo reinventamos en 1987).

Asignadas las funciones de control del Gobierno (y de su administración) a unos parlamentos cada vez más accesibles, con el actual sistema de justicia administrativa y con las garantías de la justicia contencioso-administrativa, en un Estado de asociaciones que defienden cualquier demanda social ayudados de la prensa libre, no tiene sentido rescatar una figura de finales del siglo XII cuando todo eso era distinto.


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Pero es que de lo que se trata, una vez más, es de “construir identidad”, de tener instituciones propias; si no, no parecemos una comunidad autónoma prime class.

“Y es que con la supresión de esos defensores regionales ahorraríamos 30 millones de euros al año”

Ayer se nos ocurrió lo del Justicia, hoy potenciamos viejas (o nuevas) lenguas y entre tanto un montón de pequeñas y no tan pequeñas duplicidades administrativas que si osa cuestionar no le darán el carné de buen aragonés.

Aunque ya sabemos, querido lector, que aquí choco con la unanimidad de lo políticamente correcto y poco caso me harán y pocos likes me pondrán. Al menos, Husillos seguirá entrenando para batir el récord sin pisar la línea blanca y mientras tanto a Dolado quizá le dejen pisar un 0,2.

Y luego se quejarán de que nos interesa más la carrera de Husillos que la del Justicia…