Jueves, 19 de Julio de 2018

Decía Felipe González el otro día durante una entrevista que el mayor error cometido por el Gobierno central respecto a Cataluña es haber afrontado un problema político refugiándose, casi exclusivamente, en el Poder Judicial.

No se trata de un problema meramente formal, de separación de poderes.

La justicia española, se coincida o no con sus resoluciones, incluso aunque alguna de ellas tenga en ciertas ocasiones un sesgo ideológico claro, es profundamente independiente.

El problema es de fondo. Si un problema es de naturaleza política, las herramientas para afrontarlo habrán de ser igualmente políticas, siendo las judiciales inadecuadas para el fin último.


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El problema de Cataluña, desde sus orígenes más remotos, como pueda ser la negociación del Estatut de 2006, ha sido siempre un problema político.

Encajar un territorio con singularidad propia en el conjunto de un estado descentralizado conjugando esas aspiraciones, con las necesidades de solidaridad, equilibrio e igualdad de todos los ciudadanos es un asunto bien complejo que sólo desde la política puede resolverse.

“El problema de Cataluña ha sido siempre un problema político”

Sin embargo, ya entonces, el PP renunció a la política, a la negociación y al diálogo y optó por la judicialización mediante un recurso al Tribunal Constitucional incoherente con lo que aprobaban en otras CCAA como Andalucía o Valencia.

El resto de la historia, desde la sentencia de 2010 a aquí es recurrente.

El gobierno de Rajoy, lejos de plantear una negociación política que permitiese encontrar salidas a la frustración provocada por aquella, se enrocó en una posición más propia de un abogado del Estado o un registrador de la propiedad que de un Presidente del Gobierno.

Una actitud que mantuvo cuando el conflicto degeneró en insurrección, delegando en los jueces lo que era su principal responsabilidad.

“El gobierno de Rajoy se enrocó en una posición más propia de un abogado del Estado”

¿Alguien cree que estaríamos donde estamos si en lugar de haber aplicado el 155 tras la DUI lo hubiera hecho en el momento en que la Generalitat quebró la legalidad con las leyes del referéndum y de transitoriedad?

¿Alguien cree que si el Gobierno hubiera tomado entonces el control de la Generalitat, habríamos visto las imágenes funestas del 1 de octubre o andaríamos agonizando por los tribunales de Scheleswig-Holstein alimentando el falso relato independentista que compara a España con Turquía?

Los jueces están para lo que están. Juzgar hechos presuntamente delictivos.

Los políticos están para resolver los problemas políticos y los abogados del Estado para asesorarles, no para dirigir la política del gobierno.