Jueves, 19 de Julio de 2018

La ‘revolución’ por la regeneración democrática todavía está en proceso. Hace años que llevamos escuchando distintas recetas para reducir los privilegios de la clase política, y con ello asemejar algunos aspectos del primer poder a la sociedad del día a día.

Entre ellos, está el debate sobre los aforamientos. Una figura jurídica que, para muchos, se desconoce para qué está, y se le reduce a un contexto exclusivo de “privilegio” político. En realidad, lo es. Sin embargo, tiene matices.

En Aragón la cuestión sobre los aforamientos ha entrado en el debate político, a raíz de una propuesta de Ciudadanos en las Cortes de Aragón para que el Gobierno de Aragón modifique el estatuto de Autonomía y ahonde en la reforma de los aforamientos para reducirlos.


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La legislación protege, mediante el aforamiento, a los cargos más representativos de los principales poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.

En el caso de que un político aforado esté siendo investigado por un delito, mientras está en su cargo, no será juzgado por un tribunal ordinario como cualquier otro ciudadano.

Por el contrario, después de la concesión del suplicatorio por el parlamento al que pertenezca, será juzgado por el Tribunal Superior de su comunidad o por el Tribunal Supremo si es miembro del Gobierno de España, del Congreso o del Senado.

La figura jurídica está recogida en los ordenamientos jurídicos más avanzados, y con democracias consolidadas, como Italia, Portugal o Francia.

Por lo cual, la figura no es discutida. Lo que se pone en tela de juicio, por juristas, partidos políticos y estamentos de la judicatura, es la cantidad de aforados que tiene nuestro país. Y por extensión, también en Aragón.

En otros círculos, bien es cierto, que se plantea una enmienda a la totalidad de esta figura jurídica. Por ejemplo, ni Estados Unidos ni Reino Unido cuentan con la figura del aforado.

En España, el número de aforados, es una cifra récord en Europa. Y que, al ser trasladado a la comunidad aragonesa, se muestran datos sorprendentes.

Tan sólo la provincia de Teruel tiene los mismos políticos aforados que Francia.

En Aragón hay 104 políticos aforados: los 67 diputados de las Cortes de Aragón, el presidente Javier Lambán y sus 9 consejeros, los 13 diputados nacionales, los 12 senadores, y los senadores por designación autonómica Marcelino Iglesias y Luisa Fernanda Rudi.