El ejecutivo de Javier Lambán (PSOE-CHA) agita la bandera de la «reconciliación» con medidas específicas en favor de la memoria histórica. Esta disposición es una de las piedras angulares de la legislatura.


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En el día de ayer, como uno de los grandes proyectos de la memoria histórica, se presentó la futura construcción de un museo dedicado a la Guerra Civil en Teruel, así como a la sangrienta batalla de la citada ciudad, desde el punto de vista «civil».

Sin embargo, no es el único compromiso adquirido en esta materia.


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El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, destacó en el día de ayer -en Teruel- la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Ejecutivo aragonés situando a la comunidad con una de las leyes más ambiciosas.

Entre otras cosas, la ley, contempla políticas de exhumaciones, callejero o rutas de memoria democrática.

E incluso, la citada Ley aragonesa, contempla sancionar hasta con 150.000 euros gritar ‘Viva Franco’ e invalidar la Ley de Amnistía de 1977 de la Transición española.

También desde el Gobierno aragonés se está incentivando las convocatoria de ayudas para proyectos de recuperación de la memoria histórica, que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros durante el año 2018.

Se destina con la finalidad de impulsar el conocimiento de la contienda civil en territorio aragonés. Están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y se destinan a proyectos de investigación, producción de exposiciones, organización de jornadas o elaboración de audiovisuales.