La nueva ‘Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón‘, recogida ayer en el Boletín Oficial de Aragón, declara a la comunidad aragonesa como un «país» y «nacionalidad» con más de mil años de historia. E incluso, dice la norma, con una razón jurídica previa a la Constitución española de 1978.

El texto legal, tras ser aprobado -hace pocos días- en las Cortes de Aragón con los votos a favor del PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el Partido Aragonés, es ya una realidad jurídica en la comunidad. La ley contó con los votos en contra del PP y de Ciudadanos.

En su artículo 1, la ley cita: “Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento”.

Y advierte que “la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos”.

Pese al evidente carácter nacionalista de la ley aragonesa, el presidente de Aragón Javier Lambán ha querido salir al paso del revuelo mediático, tras la información de este periódico -entre otros-, para matizar que la ley busca «afianzar el espacio jurídico de Aragón con respeto absoluto a la unidad de España«.