Según los criterios de la auditoría encargada por el Ayuntamiento de Zaragoza, se habría producido un desequilibrio económico a favor de las administraciones de más de 28 millones de euros. Es decir, Zaragoza tan solo debía haber pagado 100 millones de euros. Y terminó pagando por las obras de la única línea del tranvía, un poco más de 128 millones de euros.