Viernes, 14 de Diciembre de 2018

Mayte Pérez, consejera de Educación del Gobierno aragonés, ha defendido el cierre de aulas en la escuela concertada en declaración a los medios de comunicación. La dirigente socialista se reafirma en la decisión: “es una propuesta equilibrada en el conjunto de plazas que se ofertan en centros sostenidos con fondos públicos”.

Y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa, a los padres y a los alumnos tras la manifestación masiva que inundó el centro de Zaragoza reivindicando un cambio de actitud del Gobierno de Lambán respecto a la escuela concertada.

Desde el Gobierno, según ha explicado Pérez, la medida adoptada responde a un proceso de planificación y programación en función de criterios objetivos y dentro del marco de renovación de conciertos. E insistía: “no hay motivo para la alarma”.

13 AULAS SUPRIMIDAS

Mayte Pérez ha encarado la declaración a los medios de comunicación después de las misivas lanzadas en el día de ayer por los partidos de la oposición. Casi al unísono – algunos públicamente y otros en corrillos parlamentarios – pedían la dimisión de la Consejera de Educación. A su vez, la comunidad educativa vinculada con la escuela concertada está planteando alguna estrategia judicial para paralizar lo que consideran “un ataque sin precedentes a la libertad y a la educación concertada“.

Desde la Consejería de Educación del Gobierno aragonés, se comunicó ayer que en la reunión de comisiones de conciertos de Zaragoza, el Servicio Provincial de Educación propuso no renovar el concierto de 13 aulas de primero infantil, y la no concertación de dos aulas más para el siguiente curso [17-18]. Las dos aulas que no fueron consideradas para concertar afectan a los colegios de fomento Montearagón y Sansueña. De esta manera, seguirán siendo privados.

“CONTRARIA A DERECHO”

Desde las escuelas concertadas, de manera conjunta, realizaron un duro comunicado dirigido al Gobierno de Aragón, capitaneado por Javier Lambán (PSOE). Escuelas Católicas de Aragón, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, FECAPA, FSIE y USO criticaron la decisión por considerarla “injusta y contraria a Derecho”.

Según datos aportados por el colectivo de asociaciones de las escuelas concertadas, “supone una reducción del 7,5% del alumnado de infantil” [alrededor de 270 niños]. Y a su juicio, se trata de un “menoscabo del derecho de las familias a elegir centro”, una “amenaza severa” a tres centros educativos y más de 350 empleados – a medio plazo – con cierta inseguridad laboral.

El mismo colectivo afectado entiende que las alegaciones que presentaran en pocos días sean “tenidas muy en cuentas” por el gobierno aragonés. De esa manera, esperan que la resolución final suavice la decisión tomada en las últimas horas. Miguel Ángel García, presidente de FECAPA, insistió en que la decisión adoptada es un “disparate administrativo”. Y se mostraba convencido: la resolución será favorable a sus reivindicaciones.

“UNA HIPOTECA CON PODEMOS”

El presidente de FECAPA continuaba criticando la decisión del ejecutivo socialista. “Esto no se puede hacer por una hipoteca con Podemos“, reconocía mientras sentenciaba: “vamos a pelear”. De esa manera, desde FECAPA no descartan promover alegaciones, recursos judiciales y movilizaciones tras el éxito del martes pasado.

Sin embargo, la consejera – esta mañana – defendía la decisión política de su departamento, y recalcaba un mensaje de tranquilidad a las familias. Según la consejera Pérez, las plazas están garantizadas en el proceso de escolarización y habrá libertad de elegir centro.

En el horizonte político, el colectivo afectado de las escuelas concertadas podría promover medidas judiciales para rebatir la decisión jurídicamente. Por su parte, Mayte Pérez entendía que la justicia “no es una amenaza, es una garantía”. Fuentes no oficiales del gobierno consultadas por HOY ARAGÓN reconocen que la decisión de acudir a los tribunales es “legitima”, pero también explican que supondría “otro revés a la Consejera si se resuelve en contra del gobierno“. Las mismas fuentes hacían mención al desgaste del departamento hace meses en el “Caso Ánfora”.