Martes, 11 de Diciembre de 2018

La justicia le ha dado un nuevo revés al Gobierno de Aragón en su política educativa. Los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza han otorgado las medidas cautelares que pidieron ocho colegios de la escuela concertada (Jesuitas, Cristo Rey-Escolapios, Teresiano del Pilar, Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de Guadalupe, Marianistas, La Salle Montemolín y Santa María de la Esperanza de Pina) contra la decisión de la Consejería de Educación al suprimir el concierto en una de sus aulas de 1º de infantil para el próximo proceso de escolarización.

Por lo tanto, en los próximos días, la página web del Departamento deberá ofrecer estas aulas en el mismo número que el año pasado. De esta manera, el Ejecutivo aragonés incumplirá – por imperativo legal – la decisión adoptada junto con Podemos para poder aprobar los presupuestos autonomicos de este año. El acuerdo entre socialistas y morados era supimir hasta 28 aulas en la escuela concertada.

30.000 VOCES

Hace solo unos días, la escuela concertada salió a la calle para reclamar “libertad” e “igualdad” ante la decisión del Gobierno de Aragón. Una autentica marea humana de 30.000 personas – según la Delegación del Gobierno – saltó a la calle para protestar ante la intención de retirar el concierto de un aula en cada uno de los 13 colegios que decidieron desde el Gobierno.

La mayoría de estas escuelas afectadas ha interpuesto recursos y, de momento, y hasta que haya sentencia definitiva, los juzgados han estimado la solicitud de ocho colegios. Los magistrados dan cinco días al Gobierno de Aragón para recurrir.

Según uno de los autos judiciales al que ha tenido acceso HOY ARAGÓN se cita que “la Administración que proceda a la inclusión en la oferta efectuada a través de la actuación impugnada de la unidad/aula o grupo con la que hasta el momento contaba en primero de infantil y a contar con el proceso de escolarización en estos términos”.

Desde el AMPA del colegio Jesuitas, en declaraciones a este medio, muestran su “alegría” y han detallado que “confiábamos en la justicia”. A su vez, desde La Salle Montelín cuentan a este diario que “optar a retirar un concierto es legitimo pero no así, ha sido un atentado a libertad de una manera premeditada por acuerdo políticos antes que criterios educativos”.