Miércoles, 17 de Octubre de 2018

El concejal de ZEC, Alberto Cubero, deberá responder ante la justicia por el accidente de la Oktoberfest donde una joven resulto herida gravemente en la cabeza tras la caída de una viga de 30 kilos. La acusación le pide hasta 3 años de prisión y 4 de inhabilitación por su actuación. El Fiscal, sin embargo, le exime de culpabilidad alguna durante el procedimiento, pero el juez Rafael Lasala entiende que el concejal deberá dar explicaciones por su gestión de “absoluta impericia”.

El juez ha decidido llevar a juicio también al número dos de la concejalía de Cubero: el jefe de la Oficina Económica-Jurídica del área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Enrique Asensio. A su vez, también se sentarán en el banquillo, el dueño de la estructura, Luis Gorrachategui, y el ingeniero que firmó el certificado final de obra, Sergio Espinosa. El juez instructor Rafael Lasala en su auto de apertura de juicio oral detalla que no cabe recurso contra el mismo.

El juez instructor, Rafael Lasala, pese a que la Fiscalía exime a Alberto Cubero de toda culpa, entiende que debe explicar su “absoluta impericia”. “Es lógico –dice en el auto de apertura el juez– que cause malestar en el recurrente que se diga que su conducta ha sido de completa desidia por absoluto descuido”. Y continúa explicando que “ni siquiera revisó el expediente del que se responsabilizaba, pero es que la jurisprudencia califica así la imprudencia temeraria o grave, que es la que indiciariamente se le atribuye”.

Como informó HOY ARAGÓN, la acusación -los abogados de la víctima- apunta a una clara responsabilidad política -y administrativa- del concejal de ZEC. Se le imputa por su parte, tanto a él como a los otros tres encausados, un delito de lesiones graves por imprudencia grave. Por ello, los letrados de la joven, Alberto Cervera y Óscar Frontiñan, pide tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. Sin embargo, una vez conocido el escrito de calificación de la Fiscalía, no se presentaran cargos contra Alberto Cubero ni su segundo en la concejalía.

Según la Fiscalía, sólo cabe pedir responsabilidades penales por su actuación al propietario de la estructura y al ingeniero que firmó el certificado final de la obra. La Fiscalía pide a cada uno de ellos cuatro meses de prisión y una multa de 2.400 euros por un delito de lesiones por imprudencia grave. Y a ambos, se les pide una inhabilitación para el ejercicio de su profesión.