Jueves, 18 de Octubre de 2018

La Justicia vuelve a paralizar las acciones políticas de ZEC. Según la jueza del Juzgado Contencioso Administrativo nº5 de Zaragoza, no existe “ni un solo razonamiento explícito sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo“. Por lo que la jueza entiende que se debe suspender el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza fechado el 27 de marzo para litigar por la propiedad de la Catedral de la Seo y la Iglesia de la Magdalena.

Dicho acuerdo, impulsaba “acciones administrativas y judiciales de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada al respecto de la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes”.

LA JUSTICIA FRENA A ZEC (OTRA VEZ)

La magistrada acordó -en el día de ayer- dicha medida cautelar al no existir, tal y como establecen las disposiciones legales en materia de Régimen Local, un dictamen jurídico previo al ejercicio de cualquier acción por parte de las corporaciones locales. La jueza matiza en su resolución que el informe presentado por el Ayuntamiento no contiene “ni un solo razonamiento” explícito sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo.

“Tampoco consta en ese informe el más mínimo indicio relativo a los posibles de derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos, para plantear las acciones que se mencionan en el Acuerdo”, explica la jueza.

Ese documento jurídico aportado por el Ayuntamiento, según la jueza, “no cumple la finalidad de advertir a la corporación municipal sobre la conveniencia, procedencia y viabilidad jurídica de las acciones que se pretenden interponer”. Según detalla la magistrada, la decisión de adoptar medidas judiciales debe contar con “una previa opinión experta en derecho“, para “hacer más difícil que un órgano administrativo inicie un pleito irreflexivamente o sin conocimiento de lo que son sus derechos, el modo de ejercitarlos y las razonables posibilidades de obtener una respuesta favorable”.

EL SIGUIENTE PASO

El Ayuntamiento de Zaragoza anunció que pondrá el auto en manos de sus servicios jurídicos para determinar cuál es el siguiente paso. Sin embargo, en el acto de conciliación entre el Consistorio y el Arzobispado, el portavoz del Gobierno de Zaragoza, Fernando Rivarés, no concretó si habría alguna posibilidad de presentar la demanda que abriría el proceso judicial: “Se ha demostrado que lo que quería el Ayuntamiento era abrir un debate sobre que este tipo de bienes sean de titularidad pública“.

Fuentes municipales confirman lo dicho por Rivarés, pero van más allá: “Nuestro objetivo era lanzar un debate necesario para que la sociedad aragonesa sepa qué y cómo hace la Iglesia para seguir viviendo a costa del dinero de todos“.