Sabado, 20 de Octubre de 2018

Los empleados del Instituto Aragonés del Agua (IAA) se integrarán en una nueva Dirección General del Gobierno de Aragón, 35 trabajadores que deberán cambiar de destino tras el proyecto de Ley aprobado por el Ejecutivo aragonés. Una decisión que ha caldeado el ambiente entre el sector sindical y el Gobierno. Los sindicatos mayoritarios -CSIF, UGT y CCOO- han tildado de ‘cacicada’ la medida adoptada por el Gobierno de Javier Lambán.

Señalan, desde los citados sindicatos, que es la fabricación de un “traje a medida” para recolocar a varios miembros del Partido Aragonés. En concreto, a varios afiliados del PAR con una estrecha vinculación con el exConsejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné. Sin embargo, según un comunicado de los delegados de personal del IAA, “es mentira que el Instituto Aragonés del Agua sea una agencia de colocación“.

“SON AUTÉNTICOS CHIRINGUITOS”

Los sindicatos explicaron ayer el motivo de su enfado por el proyecto de Ley del Gobierno para reconvertir el Instituto Aragonés del Agua (IAA) en una Dirección General autonómica. Según los sindicatos, “no discutimos su manera de acceder al empleo“, sin embargo, piden que en el momento de la reconversión, cada uno de los trabajadores defienda o explique el método para acceder al puesto de trabajo.

Los sindicatos alertan de una ‘cacicada’ en la extinción del IAA – A.S

El delegado autonómico de CSIF, Pablo Asín, reconoció que en el proceso de reconversión “van a venir unas personas con unos niveles altísimos”. Y considera que “este tipo de empresas son auténticos chiringuitos para colocar a personas que son incapaces de pasar un proceso selectivo”.

Por otro lado, Alicia Hernández (UGT) explicó que desde los sindicatos “no sabemos que puestos van a ocupar, con qué características”, pero reconoce que no buscan “echar a ningún trabajador, pero creemos que estos trabajadores deberían ser temporales, y después estabilizar el empleo con un proceso de selección como con el resto de los trabajadores de la Administración”.

Francisco González, de Comisiones Obreras, precisó que la situación laboral de algunos de los trabajadores es un “privilegio que han conseguido por estar muy cerquita del poder, y en el partido adecuado“, en referencia al Partido Aragonés. “Son gente señalada, muy cercana a un sector del PAR“, dijo González.

Concretamente, el portavoz de CCOO centró la crítica del “nepotismo” del Partido Aragonés en una figura política, la exDirectora General de Energía y Minas, Marina Sevilla. El portavoz sindical reconoció que “hay exDirectoras Generales del Partido Aragonés trabajadoras del Instituto Aragonés del Agua. Una de las manos derecha del exConsejero de Medio Ambiente”. “A nadie se le escapa las connotaciones políticas de esta cacicada“, detalló.

“UNA BURLA”

El portavoz sindical de CSIF, Pablo Asín, detallaba que desde el sector de la función pública el proyecto de Ley “es una burla para todos los ciudadanos que gastan su dinero para pasar una oposición”.

De hecho, junto con sus compañeros, Asín reconoció que el proceso de reorganización del Instituto Aragonés del Agua es “una muestra más del desprecio y la desidia de este gobierno“. Con esta medida, apuntó Asín, se detalla “una autentica cacicada“.

Los sindicatos califican de “chiringuito” el Instituto Aragonés del Agua – A.S

Desde el punto de vista sindical, entienden que esta decisión del Gobierno de Aragón ratifica que “los que están al lado del poder son privilegiados“, y según explican, “van a desembarcar con unos sueldos altísimos”. Son trabajadores -dicen- que la mayoría de ellos entraron sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Los sindicatos piden que “en vez de transformar la condición de trabajadores indefinidos”, deberían ser “una especie de interinos hasta que esas plazas salieran a oposición”. Hasta entonces, apuntan, los trabajadores del IAA permanecerían en el puesto, “y luego que se presenten a las oposiciones“.

EL INSTITUTO SEÑALADO, SE DEFIENDE

Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, los 35 trabajadores del Instituto Aragonés del Agua han querido manifestar su desacuerdo con la postura de los sindicatos. En siete puntos explican la posición ante la reconversión del IAA en una Dirección General, pero principalmente pretenden contrarrestar los argumentos de los sindicatos.

Se cita, en dicho comunicado, que el IAA es una entidad de derecho público que tiene la consideración de Administración pública, por lo que “su personal laboral propio ya tiene la condición de empleado público“. A su vez, desmiente el calificativo de “chiringuito” porque, según el comunicado, “es mentira que el Instituto Aragonés del Agua sea una agencia de colocación“.

Inés Torralba, directora del Instituto Aragonés del Agua – Cortes de Aragón

En el punto número cuatro de su alegato, reconocen que “es mentira que los empleados públicos del IAA tengamos un altísimo sueldo y que una buena parte de nosotros seamos ex altos cargos de la DGA”. El citado documento reconoce, tal y cómo apuntaban los sindicatos, que “sólo uno de los 35 empleados del IAA ha ostentado la condición de alto cargo de la DGA“.

Para terminar, en el mencionado comunicado, los delegados sindicales arremeten contra los portavoces por su “absoluta ignorancia” respecto a las condiciones laborales en el IAA. Y recalcan que “los únicos perjudicados por esta incorporación somos los trabajadores del IAA”.

UNA DECISIÓN “CRITICABLE”

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Ley de Reorganización de Competencias Administrativas en Materia de Aguas, que contempla la extinción del Instituto Aragonés del Agua y su conversión en una dirección general adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. El proyecto se remitirá ahora a las Cortes de Aragón para su tramitación y está previsto que la nueva ley entre en vigor el 1 de enero de 2018.

El Consejero de Presidencia, Vicente Guillén, explicó ayer la postura política reconociendo que podía ser una decisión “criticable”, al tiempo que mostraba el “respeto” del Gobierno ante los argumentos de los sindicatos. Guillén defendió que la decisión se corresponde “en la Ley estatal de Derecho Público”, y por tanto, “está fundada en derecho”.

Según la información otorgada por el Gobierno de Aragón, el procedimiento legal para reestructurar a los trabajadores del IAA en una nueva Dirección General se detalla de la siguiente manera: “El personal con contrato laboral fijo perteneciente al Instituto Aragonés del Agua que, hasta la entrada en vigor de esta ley, estuviera prestando sus servicios en el mismo pasará a incorporarse en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con la condición de «a extinguir» manteniendo el mismo régimen jurídico que dio origen a su contratación. Ello no supondrá la atribución de la condición de funcionario público ni de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

Guillén a su vez, en declaraciones a este diario, reconocía que “no se trata de una medida discrecional ni habrá un vacío de gestión“. El Consejero detallaba que la principal motivación del Gobierno en esta decisión es “la defensa del interés público“.