Sabado, 20 de Octubre de 2018

Ni el alcalde Pedro Santisteve, ni la concejala de Movilidad Teresa Artigas, ni el concejal de Urbanismo Pablo Muñoz incurrieron en responsabilidad civil o penal como consejeros de la empresa municipal ‘Ecociudad’.

Según un comunicado del consistorio, se afirma que la asesoría jurídica del Ayuntamiento gobernado por ZEC (Podemos e IU) “descarta responsabilidad civil y penal” de los citados cargos públicos. También, según detalla el informe municipal, se exime a Alberto Cubero de cualquier responsabilidad como Consejero de Servicios Públicos.

DOS INFORMES QUE DESPEJAN LAS DUDAS

Desde el consistorio se han elaborado dos informes ante las dudas planteadas por el dictamen de la Comisión de Investigación, aprobado por el Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Chunta. En primer lugar, según explica el gobierno de ZEC en un comunicado, el informe de la asesoría jurídica “descarta uno a uno todos los motivos de supuesta responsabilidad tanto civil como penal“.

El informe anula la posible existencia de “delito societario” ni falta del “deber general de diligencia” en la administración de la sociedad. Es más, afirma que “las discrepancias o críticas públicas con la gestión del director gerente, incluyendo su remoción, han sido en el ejercicio de su derecho a conocer las instalaciones de la sociedad y el cumplimiento de los acuerdos del consejo”.

EL “ACOSO LABORAL” AL GERENTE

Asimismo, según explica el consistorio en una nota de prensa, se indica que “las actuaciones desplegadas por los administradores no se desprende ni se proyecta sobre las mismas atisbo de reproche penal alguno, ya que dicha conducta se enmarca en todo caso en el ámbito del ejercicio de sus funciones como administradores”.

Y en cuanto al supuesto de “acoso laboral”, cita el comunicado del gobierno de ZEC, el informe afirma que las condiciones no se han dado y no es el caso del “trato recibido por el gerente de Ecociudad”. En cuanto a “delitos contra el honor, calumnias o injurias”, el informe indica que tampoco acontecen porque se enmarcarían en el derecho constitucional de expresión y de información

Por último, según el comunicado del Ayuntamiento, la actuación del alcalde Pedro Santisteve al trasladar a la Fiscalía la supuesta comisión de un delito fue correcta. “La denuncia que le llegó disponía de apariencia de verosimilitud”, cita el informe municipal. Y sentencia: sus actuaciones “no tienen reproche penal alguno“.