Jueves, 18 de Octubre de 2018

El consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha informado de que si no se levanta la suspensión cautelar para la municipalización del 010 el Gobierno “tendrá que externalizar el pliego de condiciones“.

Tal y como ha informado el consejero hoy en una rueda de prensa en el consistorio, la decisión que el equipo de gobierno valora, si se mantienen las cautelares, es reactivar el anterior concurso y mantener el servicio externalizado.

“Elaborar un nuevo pliego de condiciones para nosotros hubiera sido la mejor opción pero conlleva un tiempo mínimo de cuatro a seis meses, algo inasumible dada la situación de las trabajadoras”, ha afirmado Cubero.

Fuentes municipales consultadas por este periódico reconocen que la posición de la juez es difícil que cambie, y que se mantendrán las cautelares. Por ello, entienden desde ZEC que “supondría un pequeño tropiezo en nuestro intento de municipalizar los servicios públicos”.

CUBERO, CONTRA LA JUEZ DEL 010

Además, el concejal de ZEC ha afirmado que las medidas cautelares del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para la municipalización del servicio de atención telefónica, “se están convirtiendo en una sentencia firme sin posibilidad de derecho a defensa y sin posibilidad de apelación a un tribunal superior”.

Unas conclusiones fruto de la valoración de la asesoría jurídica del Ayuntamiento zaragozano y que, tal y como ha afirmado Cubero, el Gobierno municipal comparte “al cien por cien“.

Por otro lado, el consejero ha explicado que el Ejecutivo ha decidido descartar la cesión del contrato a un tercero, en este caso a la empresa Datanoise. Una “posibilidad que nunca ha convencido al Gobierno”, ha argumentado.

Cubero ha informado de que, además de esta decisión formal, se ha emitido una comunicación con dos informes de la asesoría jurídica que establecen que se ha producido un “exceso de competencias por parte de la jueza” que instruye el caso porque “está juzgando cuestiones que se consideran del juzgado de lo social” y que se está “vulnerando la Constitución“. Concretamente, el artículo 24 de la Constitución, en referencia al “derecho a la defensa por parte del Ayuntamiento“.

Tal y como ha detallado Cubero, la jueza debe contestar en un plazo de unas dos semanas y si la contestación no es favorable y continúan las medidas cautelares se reactivará el anterior pliego de condiciones. “Esperamos que en dos semanas se levante la suspensión cautelar y pueda seguir adelante el proceso de remunicipalización que está a la espera de un juicio”, ha concluido.