Sabado, 20 de Octubre de 2018

El Partido Popular envió en el día de ayer un recurso al Tribunal Contencioso-Administrativo de Zaragoza para frenar, mediante la petición de medidas cautelarísimas, tras el anuncio de ZEC de ceder un espacio municipal para un acto a favor del referéndum ilegal de Cataluña.

“Si el alcalde de Zaragoza no desautoriza el acto convocado para el 23 de septiembre -el próximo sábado- para apoyar el referéndum ilegal de Cataluña, el Partido Popular recurrirá la decisión ante la Justicia”, explicaba el portavoz del PP, Jorge Azcón.

Según ha podido saber este periódico, ante el recurso presentado por el PP, la juez que lleva el caso ha pedido al gobierno de Zaragoza en Común que presente alegaciones antes de tomar una decisión. Es decir, por el momento, no habrá una resolución judicial a menos de 48 horas del acto separatista en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza.

UN ACTO PRO REFERÉNDUM

El acto del próximo sábado está organizado por ‘Marchas por la Dignidad’, una entidad de la órbita de IU, Podemos o Zaragoza en Común. Y el problema, según indicó ayer el portavoz popular en rueda de prensa, es que el acto está convocado en el Centro Cívico Delicias, de titularidad municipal, y que ha contado con la autorización del Ayuntamiento.

Por ello, desde las filas populares reaccionaron interponiendo un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Zaragoza argumentando jurídicamente que los bienes municipales han de servir, explican fuentes del PP, “a los intereses generales”. Por tanto, detallan, “no cabe celebrar en un espacio municipal actos públicos en favor de un referéndum ilegal que atenta gravemente contra la unidad de España recogida en la Constitución”.

Desde el PP piden medidas cautelarísimas para “la suspensión de la autorización del uso del local municipal”, y alegan el carácter de urgencia, según explican, por la “inmediata” celebración del evento para el próximo sábado.

Por otro lado, argumentan la “extrema gravedad” de la convocatoria, ya que, supone un acto en apoyo a una ley -la Ley del Parlamento catalán 19/2017- y al decreto del referéndum que el Tribunal Constitucional tumbó por ser “ilegal”.