El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha reiterado hoy que no prevé cambios en la presión fiscal fijada por el Gobierno con el objetivo de mantener los servicios públicos y por tanto no tiene «un interés especial» en presentar una ley de medidas fiscales de acompañamiento a los presupuestos.
Así lo ha indicado en el pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Javier Martínez sobre el plazo en el que el Gobierno prevé establecer las bonificaciones y deducciones en el tramo autonómico en el IRPF por donaciones realizadas a entidades sin fin de lucro aprobadas, que se hará, según Gimeno, lo antes posible.
Previamente, la diputada del PAR Elena Allué ha interpelado al consejero sobre la hoja de ruta que en materia impositiva prevé seguir el Gobierno, al que ha reclamado «más indulgencia» por la discriminación que en el pago de impuestos sufren los aragoneses frente a la ciudadanía de otras comunidades, pero Gimeno ha reiterado que no habrá cambios.
Allué ha criticado que el Gobierno siga «erre que erre» con su política de impuestos con el argumento del déficit cuando los aragoneses «no tiene por qué pagar su gasto descontrolado» y su «falta de rigor«.
Ha tachado además de «falta de respeto» a los aragoneses que hable de no hacer «regalos fiscales» cuando Aragón se ha situado a la cabeza en presión fiscal, y ha puesto entre otros ejemplos que en Aragón se paga por el impuesto de Sucesiones mil veces más que en Madrid.
El PAR, ha dicho, está «empeñado» en que haya una modificación, pero, a su juicio, en el Gobierno están «empecinados» en mantener la subida por «un estúpido orgullo«, para no reconocer que se han equivocado cuando además, en un contexto de «inyección masiva de dinero» el ejecutivo de Javier Lambán sigue sin mantener los servicios públicos.
GIMENO ASEGURA QUE NO HABRÁ CAMBIOS
En su intervención, el consejero ha asegurado que no se ha producido nada relevante para que haya cambios, y por tanto se mantendrán las decisiones adoptadas en materia fiscal porque el objetivo es mejorar los servicios públicos, además de que no se ha adoptado ninguna medida que perjudique al conjunto de los ciudadanos.
Respecto al impuesto de Sucesiones, ha hecho hincapié en que grava a las rentas más altas y en que no afecta a casi ninguna familia aragonesa, pero eso, le ha espetado, «a usted le importa un bledo, porque aquí viene a defender a los más ricos».
En Sucesiones, ha añadido, lo único que ha hecho el Gobierno es suprimir las bonificaciones que introdujo el anterior ejecutivo, al tiempo que ha destacado que los expertos consideran que es justo pero hay que racionalizarlo, y esa es la posición de Aragón en el debate con el resto de comunidades y el Estado, eso sí, con un mínimo y un máximo.
Ha recordado además que la capacidad de decisión de la comunidad en materia tributaria es «bastante limitada» y que el 84 % de los impuestos que pagan empresas y ciudadanos los decide el Estado, de forma que le ha instado a dirigirse al parlamento nacional si en su partido están «tan obsesionados» con el maltrato que sufren los aragoneses.
El consejero ha reiterado que el Gobierno decidió subir los impuestos para compensar los «regalos fiscales» que el ejecutivo PP-PAR hizo en 2015 porque había elecciones y que no se va a modificar ningún impuesto, aunque está dispuesto a debatir con los grupos las cuestiones a las que está obligado porque así lo recogen distintas iniciativas parlamentarias.