Martes, 11 de Diciembre de 2018

El diputado por Zaragoza de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Pedro Arrojo, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que aclare el destino de los 140 millones de euros que entregó el ejecutivo central a Aragón para construir depuradoras en el Pirineo que nunca llegaron a hacerse realidad.

Mediante una batería de preguntas, la formación busca conocer los motivos y los responsables de que ese dinero público no se destinará a los proyectos comprometidos, informan fuentes de Unidos Podemos en una nota de prensa.


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Estos 140 millones de euros proceden de un convenio que firmaron el Gobierno de Aragón -con Alfredo Boné (PAR) al frente de la consejería de Medio Ambiente- y el Gobierno de España en 2008 con la ministra socialista Cristina Narbona.

El convenio firmado tenía por objetivo construir una red de depuración para que los municipios situados en cabeceras de ríos o espacios medioambientalmente sensibles dejaran de contaminar sus aguas. Los proyectos financiados se calificaron como Obras de Interés General del Estado.

Pero diez años después, añaden las fuentes, la gran mayoría de los pueblos pirenaicos continúan sin depuradora porque nunca llegó ese dinero a los ayuntamientos.

El Gobierno de Aragón, agregan, destinó estas partidas “a otros proyectos”, algunos de los cuales que “nada tenían que ver con el ciclo del agua, como las plantas de tratamiento de purines o el pavimentado de calles”.

Pedro Arrojo (Podemos) charla con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina / Congreso de los Diputados

Unidos Podemos pregunta, entre otras cosas, por qué el Gobierno de España no vigiló el cumplimiento con la efectiva construcción de las depuradoras y si se van a exigir responsabilidades al Gobierno de Aragón.

Unidos Podemos pregunta también si parte de estos 140 millones proceden de fondos europeos ya que, en ese caso, la Comisión Europea podría exigir responsabilidades por el incumplimiento de las condiciones y el destino de esas partidas.

“Si el dinero se gastó en otras cosas, no basta con echar la culpa a la DGA. El Gobierno de España tiene la obligación de velar por el cumplimiento del convenio y debería trabajar para esclarecer qué ha pasado con esta importante cantidad de dinero público”, señala Arrojo.