Martes, 11 de Diciembre de 2018

Tres especialistas médicos se enfrentarán a partir del próximo viernes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca a penas de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación por un presunto delito de negligencia en el cuidado de una bebé de veinte meses que se tragó una pila de un mando a distancia.

Al no ser detectada inicialmente por los médicos que atendieron inicialmente a la menor en el centro sanitario de Fraga, en diciembre de 2010, la pila se degradó en la garganta de la niña, causándole graves secuelas que le han llevado hasta medio centenar de veces a los quirófanos.


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Según relatan los escritos de calificación de la fiscalía y del letrado de la acusación particular, la madre se trasladó urgentemente al referido centro sanitario para alertar de que la niña había podido ingerir una pila de forma accidental.

Las radiografías no revelaron la presencia de un cuerpo extraño en el organismo de la niña, por lo que fue dada de alta. Al persistir los síntomas, la madre volvió al centro fragatino, donde en esta ocasión se le diagnosticó a la niña una bronquitis, diagnóstico que le fue confirmado en una tercera visita.

La madre, al ver que el estado de la niña no mejoraba, se dirigió siete días después al servicio de urgencias del Hospital Arnau Vilanova de Lérida, donde una especialista vislumbró en las nuevas placas la presencia de una pila en la garganta de la menor.

Esa misma jornada, la menor fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Barcelona para ser operada de urgencia, aunque la degradación de la pila ya le había causado lesiones irreversibles al perforarle la tráquea y el esófago. Al parecer, relata la acusación particular, las radiografías realizadas en Fraga no reflejaban la zona de la garganta donde se ubicaba la pila.

Las graves secuelas que padece la niña le obligan de forma periódica, al ritmo de sus etapas de crecimiento, a someterse a intervenciones quirúrgicas, y le impiden el desarrollo de una gran parte de sus capacidades.

Las acusaciones solicitan para los especialistas las penas de prisión y de incapacitación referidas, así como indemnizaciones diversas a la menor por los daños y secuelas causadas, de cuyo pago hacen responsable civil subsidiario al Gobierno aragonés y la compañía aseguradora de los profesionales médicos.