Lunes, 22 de Octubre de 2018

El Gobierno de Aragón ha lanzado una propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que introducirá cambios profundos respecto al statu quo actual y uniría todas las líneas de subvenciones en una única, destinada directamente a compensar la renta de agricultores y ganaderos.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, explicó ayer en un encuentro en Madrid que la propuesta pasa por redistribuir las ayudas entre beneficiarios y no entre sectores, ni entre territorios, como ocurre con la actual PAC vigente (período 2014-2020). Y, a su juicio, consiste en terminar con los beneficiarios “poco profesionales y nada productivos“.


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La iniciativa implicaría la eliminación de los derechos históricos actuales, los pagos por superficie y la regionalización productiva del pago básico y la inclusión de todos los productores en la compensación de rentas con independencia de su orientación productiva, ubicación y dimensión, según detalló Olona.

Para que la compensación resulte “justa y eficaz”, Aragón aplicaría cinco factores o criterios en los beneficiarios: su profesionalidad o dependencia de los ingresos agrarios; la productividad; la dimensión económica y su contribución ambiental.

EL 21% SALDRÍA DEL SISTEMA

La redistribución de ayudas entre beneficiarios Aragón conseguiría aumentar la subvención media por agricultor o ganadero en un 27,41 % en la Comunidad (de los 8.748 euros actuales a 11.146 euros), alza que en el caso de la provincia de Teruel se dispararía el 48,84 %.

La renta agraria media resultante por beneficiario mejoraría el 46,95 % para Aragón (en Teruel subiría al 145,91 %), según los datos de Olona, quien estuvo acompañado en el encuentro por el director general de Producción Agraria aragonés, José María Salamero.

En cuanto al impacto territorial, el consejero explicó que el 78,48 % de los beneficiarios aragoneses seguirían cobrando con la propuesta.

Pero el 21,52 % dejarían de recibir ayuda (en la mayoría de los casos son titulares que no viven realmente de la actividad agraria, tienen productividad y contribuciones ambientales muy bajas o son grandes propietarios que no necesitan realmente un complemento de renta vía subvenciones).

Por su parte, el 46,43 % de los titulares “cobrarían más que ahora”; el 53,57 % menos; el 24,46 % “el doble o más” y el 37,37 % “la mitad o menos que ahora”, de acuerdo con el nuevo sistema.

Olona valoró que la propuesta recoge un importe máximo de ayudas por beneficiario (techo) de 147.898 euros, muy inferior al sistema vigente, que se sitúa en 827.710 euros.

FIN DE LOS PRIVILEGIOS

En opinión de Olona, este sistema prima a quienes más dependen de la agricultura y mayor contribución hacen a su mejora, e implica una gran simplificación, al unificar un centenar de líneas de ayudas de la PAC diferentes que actualmente suponen un “laberinto administrativo” y perjudica al agricultor.

Con la iniciativa de Aragón, las rentas agrarias regionales (excluidas subvenciones directas) superiores a la renta de referencia que han fijado, unos 28.051 euros, no serían compensadas, anulándose la ayuda al interesado y, de este modo, se concentra todo el presupuesto disponible en los titulares que más lo necesitan.

El Consejero aseguró que el 72,47 % de las explotaciones familias tiene “renta negativa” o pérdidas actualmente en Aragón, sin contar las ayudas de la PAC, frente al 27,70 % que sí es rentable, y que son muchos los agricultores que “son como mucho mileuristas” y que reciben la mitad de rentas que el resto de los ciudadanos.

El 73 % de los beneficiarios de la PAC en la Comunidad de Aragón tienen una producción estándar inferior a 25.000 euros -lo que da idea de sus problemas estructurales- y más del 50 % de los receptores tienen más de 65 años.

La propuesta de Aragón parte de la idea de que mantendrán las ayudas actuales, tras la próxima reforma de la PAC (2020-2027), que ascienden a cerca de 448 millones de euros por año.

Olona remarcó que es consciente de que esta propuesta se enfrenta a “reticencias” autonómicas de quienes tienen “miedo al cambio“, pero “queremos promover el debate e influir” en la configuración de la futura PAC “hasta donde podamos”.