Miércoles, 17 de Octubre de 2018

Descontaminemos el ICA del ruido de la demagogia

 La autora explica la finalidad del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) de reciente cobro en la ciudad de Zaragoza tras haber sido pagado durante años en otros municipios de Aragón.

Entiende, a su vez, que las acusaciones vertidas por distintas asociaciones o grupos políticos -Podemos o Zaragoza en Común- destilan cierta demagogia con informaciones tendenciosas que generan inseguridad y sospechas falsas en la ciudadanía.

Inés Torralba (derecha), junto al consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona / H.A

Explicar impuestos es una tarea difícil, tanto más si el gestor se enfrenta a argumentos que desvirtúan la naturaleza de estos y crean en el ánimo del contribuyente una sospecha hacia el uso que la Administración vaya a hacer de lo recaudado.

La depuración de las aguas residuales que todos, desde hogares, industrias y servicios, generamos, es una responsabilidad colectiva. En Aragón los usuarios del agua se encuentran legalmente obligados a contribuir a las arcas públicas a través de un impuesto autonómico: Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA). En este aspecto, nuestra comunidad autónoma se encuentra alineada con la actuación que se sigue en otras trece comunidades.


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En la Unión Europea se han incorporado al derecho comunitario, y consiguientemente a los de los Estados miembros, los principios de “quien contamina paga” y de “recuperación de costes” en relación con los servicios relativos al agua, cuya articulación se ha venido haciendo, entre otros modos, a través de determinadas figuras tributarias. Al mismo tiempo se han establecido una serie de obligaciones a las que se vincula el fruto de la recaudación.

Por su condición de impuesto, el ICA se somete a los principios de ordenación del sistema tributario establecidos por la Ley General Tributaria, entre los que se encuentran los de generalidad e igualdad, que entroncan directamente en la propia Constitución, y que exigen llamar a “todos”, como dice el texto constitucional, al sostenimiento de los gastos públicos.

Cualquier excepción a ese “todos” constitucional debe ser especialmente medida y justificada para no producir situaciones de privilegio y discriminación incompatibles con los principios constitucionales de justicia tributaria.

El ICA, en consonancia con dichos principios, tiene una vocación de aplicación general en toda la comunidad autónoma, lo que no excluye, sino, al contrario, exige el reconocimiento de especialidades allí donde existe justificación para ello.

Depurar en Zaragoza resulta necesariamente más barato que en el resto de Aragón. También lo es educar a un alumno de primaria o prestar asistencia sanitaria. Y no por eso se nos ocurre oponernos a que el fruto de la recaudación de nuestros impuestos se aplique más allá de la Z40.

Apelar al encarecimiento que ha supuesto el modelo concesional para el conjunto del plan de saneamiento y pretender que sólo lo soporten el resto de pueblos y ciudades de Aragón parece una actitud poco coherente con el necesario principio de redistribución y generalidad que rigen en nuestro sistema tributario.

Depurar en Zaragoza resulta necesariamente más barato que en el resto de Aragón. Y no por eso se nos ocurre oponernos a que el fruto de la recaudación de nuestros impuestos se aplique más allá de la Z40.

Este Gobierno está esforzándose por enmendar los errores del pasado y acometer las obras de depuración pendientes bajo un modelo de gestión que permitan reducir costes. Ahora bien, cualquiera que sea el sistema de gestión que se utilice, se generarán gastos que habrá que afrontar con el ICA.

En Zaragoza, desde 2016, una vez concluido el periodo de no sujeción previsto para compensar a la ciudad el previo esfuerzo inversor, los usuarios van a pagar por el vertido de aguas residuales, además del precio de Ecociudad, el impuesto bonificado al 70%.

De este modo se iguala la carga impositiva que debe soportar el usuario de Zaragoza con el de otras localidades como Jaca, Teruel, Ejea de los Caballeros o Huesca, donde el ICA se paga al 100% de la tarifa y donde, puestos a hacer balanzas, también se habrían pagado ya su depuradora con lo abonado por sus vecinos.

Las balanzas fiscales no son un instrumento sano para el funcionamiento de nuestra convivencia y parece mentira que hablen de ellas representantes electos desde formaciones progresistas.

Las numerosas informaciones –en ocasiones inexactas, cuando no tendenciosas– que últimamente, de diversos modos, llegan al ciudadano de Zaragoza, pueden inducirle a importantes errores en relación con el ICA.

De ningún modo se están pagando de nuevo las instalaciones de depuración de la ciudad de Zaragoza, como en ocasiones se sostiene. Tampoco se pretende privar a este municipio de las competencias que actualmente ejerce, o incidir en el desarrollo de las mismas.

Las numerosas informaciones -en ocasiones inexactas, cuando no tendenciosas- que últimamente llegan al ciudadano de Zaragoza pueden inducirle a importantes errores en relación con el ICA.

Al contrario, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene garantizada la plena autonomía en la gestión de sus instalaciones y, hay que recalcarlo, en la financiación de las mismas, que hace a través de sus propios ingresos.

La contribución que el ciudadano de Zaragoza está haciendo va destinada, con base a un irrenunciable principio de solidaridad interterritorial, a las actuaciones financiadas por la comunidad autónoma, cualquiera que sea el municipio aragonés en que éstas se realicen y cualquiera que sea el sistema de gestión que se utilice.

Desde determinadas instancias parece que se trata de confundir al ciudadano promoviendo algunas formas de reacción ante el ICA. El contribuyente debe saber que tiene siempre abierta la vía para recurrir, pero esa garantía no debe pervertirse en detrimento de su verdadera finalidad, que es la defensa de sus derechos para el caso de que la liquidación no haya sido correctamente practicada o se haya cometido cualquier otro error por parte de la Administración, que debe actuar siempre conforme a la ley y reglamentos que la desarrollan.

Desde la página web icagestion.aragon.es y la Oficina de Gestión del ICA (Avenida de Ranillas nº 1D), estamos volcando todo nuestro esfuerzo en realizar una gestión satisfactoria para el interés público, facilitando al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones, que, no lo olvidemos, resultan de las leyes aprobadas por los representantes de todos los aragoneses -también de los zaragozanos– en las Cortes de Aragón.

* Inés Torralba Faci es la directora del Instituto Aragonés del Agua.