Las rupturas matrimoniales son complejas, tanto en el ámbito de los sentimientos como en su sustanciación legal.

De lo primero nunca me atrevería a reflexionar en público, pero en cuanto al ámbito legislativo las normas han demostrado su eficacia tanto para la situación previa al divorcio, como para el mismo acto formal.

Pero, curiosamente, poco o nada se ha hecho respecto a la resolución de los conflictos posteriores que con frecuencia surgen tras la separación.

Y más en concreto, en la adaptación a la nueva vida de la familia tras esa ruptura, que es donde más conflictos se producen y más uso de los Tribunales de Justicia conlleva.

En España se producen una media de 100.000 rupturas matrimoniales al año. En un 57% aproximadamente son rupturas con hijos menores.

«En España se producen una media de 100.000 rupturas matrimoniales al año. En un 57% son rupturas con hijos menores»

El 20% de esas rupturas tienen una alta conflictividad. Los conflictos en las rupturas matrimoniales absorben el 90% de todos los recursos que la administración de justicia destina a las rupturas matrimoniales.

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A primeros de diciembre tuve la oportunidad de plantear en las Cortes de Aragón una propuesta que pretendía la creación del Coordinador de Parentalidad.

Explicado de manera sencilla se trata de un psicólogo o un abogado con formación especializada en mediación para que auxilien a las familias -y al Juez- para conocer mediante informes periciales qué conflictos existen en los primeros meses de vida familiar tras la ruptura.

Con el objetivo de tratar de limar las diferencias y fijar las bases de esta futura nueva vida familiar. Y todo ello, en interés del menor y aplicando o modificando las decisiones judiciales. Es una medida que funciona, y donde se aplica, reduce la conflictividad en un 75% desde el primer año.

«Un psicólogo o un abogado con formación especializada en mediación para que auxilien a las familias para conocer mediante informes periciales qué conflictos existen»

La figura del Coordinador de Parentalidad en los procedimientos de ruptura familiar está reconocida y funciona con éxito en varios países europeos. En Aragón, PSOE, Podemos y CHA lo han rechazado.

Cuando propuse formalmente a estos grupos políticos de las Cortes la aplicación de esta figura en nuestro ordenamiento jurídico expliqué los motivos: reducir la intervención continuada y forzada de los tribunales, ayudar a las familias a pacificar las tensiones propias de la nueva vida, y todo ello en interés superior de los menores.

Recordando las justificaciones que emplearon los representantes de PSOE, Podemos y CHA durante el debate de la propuesta del Partido Popular sinceramente no recuerdo que sus argumentos de rechazo tuvieran algo que ver con preservar el interés del menor o alejar la resolución del conflicto de los tribunales.

Sea como fuere, los aragoneses que sufren un conflicto post matrimonial nada deben hoy a PSOE, Podemos y CHA. Más bien están legitimados para adoptar una actitud de reproche por una oportunidad perdida.

*Fernando Ledesma es diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón