Martes, 13 de Noviembre de 2018

La Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) continúa hinchando su discurso contra el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).

Y, más allá de alzar su discurso, son conscientes que el ruido social -y mediático– que se está generando debe de ir de la mano de la presión de los alcaldes más perjudicados por el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Un plan sobredimensionado del que emana la implantación del ICA.


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En un comunicado, la RAPA pide a los alcaldes del Pirineo que apoyen la manifestación convocada contra el ICA -el próximo domingo 4 de febrero, en Zaragoza- y que rechacen las presiones recibidas por sus superiores políticos en los últimos días.

UNA POSIBLE GRIETA EN EL PSOE

La situación para el Partido Socialista de Javier Lambán es crítica. El rechazo de la RAPA -junto con otros colectivos sociales y partidos políticos- al ICA está cogiendo una fuerza que ni los propios impulsores se esperaban.

Saben estos colectivos que deben dar el golpe mortal para precipitar la derogación del impuesto -o una reforma integral aparejada a la reestructuración del plan de depuración- en la mesa del Ejecutivo.

Por el momento, la convocatoria de la manifestación que se prevé multitudinaria -con miles de personas- será un buen golpe de efecto.

Sin embargo, buscan ir un poco más allá. Fuentes internas de la RAPA reconocen a este periódico que la movilización de los alcaldes -o militantes- del PSOE en varias comarcas, especialmente en el Pirineo, podría ser un golpe definitivo para que el presidente Lambán recapacite en la imposición actual del ICA.

La movilización de los alcaldes del PSOE en varias comarcas, especialmente en el Pirineo, podría ser un golpe definitivo

EL CLIENTELISMO RURAL DE BONÉ

El colectivo RAPA, mediante el citado comunicado, denuncia que el Gobierno de España -durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero- envió a la comunidad aragonesa cerca de 140 millones de euros para construir las depuradoras del Pirineo.

Unas infraestructuras consideradas ‘Obras de Interés General del Estado’ por estar situadas en zonas ambientalmente sensibles. Y, sin embargo, considera la RAPA -y así lo denunció la Cámara de Cuentas de Aragón- el Ejecutivo PSOE-PAR de Marcelino Iglesias “desvió los fondos para hacer clientelismo rural“.

Alfredo Boné (derecha), el día de la presentación del plan de depuración / DGA

Concretamente, el foco de la crítica política se sitúa sobre Alfredo Boné. Exconsejero de Medio Ambiente durante el Gobierno de Marcelino Iglesias y principal artífice del boom urbanístico de la depuración por un valor multimillonario.

LA”ESTAFA” DEL ICA

El Gobierno de Aragón, continúa apuntando la RAPA, decidió privatizar la gestión de aguas, empezando por las depuradoras, bajo el pretexto de que los ayuntamientos “no tenían fondos” pese a tener los 140 millones del Gobierno de España.

Pero, explican, “al reventar la burbuja” el Ejecutivo se apresuró a licitar las depuradoras para cobrar a los vecinos el ICA, aunque éstas no estuvieran construidas.

La RAPA califica el ICA como una “estafa” impuesta a la ciudadanía aragonesa

La Red de Agua Pública califica el ICA como una “estafa” impuesta a la ciudadanía aragonesa. Y no solo eso, sino que denuncia que el Gobierno aragonés “engañó” a los alcaldes con un convenio perverso en el que cedían sus competencias, pero no su responsabilidad.

Cartel oficial de la campaña en contra del ICA / RAPA

Es por eso que los municipios, además de pagar el ICA, tienen que pagar el máximo canon de vertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro por no depurar.

Para colmo, añaden desde la RAPA, el Ministerio de Medio Ambiente, que debería haber vigilado la construcción de las depuradoras tras el traspaso de 140 millones, acaba imponiendo multas a los ayuntamientos por no tener construidas esas depuradoras.

SUPRESIÓN Y RESPONSABILIDAD

Ante estas “injusticias” y “clamorosa estafa” a los vecinos del Pirineo, RAPA exige que se suprima el pago del ICA en los pueblos que no dispongan de depuradora o que se rescindan los contratos incumplidos por las empresas. Exigiéndoles -inciden- como daños y perjuicios lo pagado hasta la fecha de ICA y de canon de vertido.

También exigen al Gobierno de Aragón que en caso de que no se gane judicialmente el pago de esos daños y perjuicios, sea él mismo quien los cubra. Así como que el Ministerio suprima las multas. En caso de que no suceda, sea la DGA quien aporte la cantidad millonaria como responsable directo del desvío de esos fondos.

Apuntan también que el Gobierno de Aragón tiene que restituir la pérdida patrimonial que supuso para los Ayuntamientos el desvío de esos fondos, mediante un plan plurianual que permita construir las depuradoras, y devolver sus competencias a los Ayuntamientos que lo soliciten.