Poco más de un año queda para las próximas elecciones autonómicas, y a Javier Lambán le aprieta la realidad.
Comienza ya a resentirse de la presión de más de cien mil aragoneses firmantes de un manifiesto contrario a su abusiva política fiscal.
Siente además como el Parlamento que le reclama con insistencia bajar los impuestos a las clases medias. Pero él sigue sin reaccionar.
En diciembre de 2015, cuatro meses después de llegar al Pignatelli y sin previo aviso, el Gobierno presidido por los socialistas aragoneses aprobó una reforma fiscal cuyos perjudicados más directos y mayoritarios han sido las rentas medias y bajas.
Y tocó todos los palos posibles: subió el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y además eliminó desgravaciones y bonificaciones a sectores tan sensibles como, entre otros, los autónomos o las pymes.
Durante estos casi tres años, la Hacienda Pública regional se ha visto beneficiada por un incremento de más de 1.200 millones de euros en ingresos y, pese a esa enorme cantidad de dinero extra el inmovilismo fiscal ha sido y sigue siendo constando en el carné de identidad de la izquierda aragonesa, para desgracia de los contribuyentes.
En el Partido Popular venimos defendiendo, y vamos a continuar en ese camino hasta conseguirlo, la obligación de Lambán de bajar los impuestos por dos razones sobre muchas otras: eliminar la injusticia fiscal sufrida por la mayoría de las familias y, no menos importante, obligar a quienes ahora están en el Gobierno de Aragón a ser más cuidadosos y responsables con la administración del dinero que ponemos en sus manos.
«La presión de más de cien mil aragoneses firmantes de un manifiesto contrario a su abusiva política fiscal»
Exigimos, sencillamente, que hagan lo correcto en favor del interés general.
Merece la pena ahora pararnos un momento para analizar la actitud de Ciudadanos, un invitado de última hora al debate sobre Sucesiones cuya incoherencia es notoria.
Recientemente Albert Rivera afirmó en Zaragoza que eliminaría el impuesto de Sucesiones, para poco después rectificarse a sí mismo al pedir cierta igualdad de todas las Comunidades Autónomas.
Sus discípulos aragoneses, después de un silencio de tres años, pretenden a un año de las elecciones pactar con el Gobierno de Lambán sobre este impuesto, si bien es cierto que mantienen el secreto de las posibles condiciones.
Hay una frase del magnífico Hamlet de Shakespeare que suele traducirse como; “Algo huele a podrido en Dinamarca”, y aunque PSOE y Ciudadanos llegaran a un acuerdo sobre Sucesiones a un año de las elecciones autonómicas, bien podríamos transformar esa frase para literariamente afirmar que también “algo huele a podrido en el Pignatelli”.
*Antonio Suárez Oríz es el portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Aragón