Domingo, 16 de Diciembre de 2018

HUESCA – El Gobierno de Aragón, liderado por Javier Lambán (PSOE), se ha retirado de la causa penal abierta contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluis Puig.

Éstos están siendo juzgados por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, por negarse a facilitar el retorno de 44 bienes del Monasterio de Sijena desde el Museo de Lérida, según obligaba un mandato judicial.

La decisión adoptada por el gobierno de Aragón ha sido revelada, en el día de hoy, en rueda de prensa, por el diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Antonio Torres.

El diputado ha explicado apenas un mes después de que el Gobierno de Aragón se personara en la querella como parte perjudicada, desistió y se retiró del procedimiento contra los exconsellers Vila y Puig, éste último fugado en Bélgica de la justicia española.


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La querella fue interpuesta por la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. Sin embargo, la personación del Ejecutivo de Javier Lambán no se produjo hasta que la fiscalía ofreció a sus responsables la incorporación a la causa.

El parlamentario popular ha explicado que el “simple hecho” de haber tenido que hacer frente al coste del traslado de las piezas al Monasterio de Sijena, más de veinte mil euros, el Gobierno de Aragón ya debe considerarse como parte perjudicada en la causa.

El parlamentario popular ha lamentado la falta de apoyo del Gobierno aragonés al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en su iniciativa judicial. “Al señor Lambán le gusta mucho hacerse el gallito cuando habla de Cataluña, pero lo hace cuando las competencias son nacionales, porque cuando son suyas se pone de perfil“, ha dicho.

En este sentido, critica a Lambán por desistir de la querella y no contestar a la actual consejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borrás, por incluir el caso Sijena en la “lista de agravios” del Gobierno central con Cataluña.


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El procedimiento penal contra las dos exconsellers fue abierto el año pasado por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca, y a él se sumó, tras un sobreseimiento provisional que fue revocado, la Fiscalía de Huesca.

En su escrito de adhesión a la querella, el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, advertía de que ambos exconsellers incumplieron con “rotundidad”, presuntamente, las órdenes judiciales a pesar de los apercibimientos que les fueron comunicados.