Lunes, 17 de Diciembre de 2018

HUESCA – La Fiscalía ha decidido asumir la defensa de los intereses del Gobierno de Aragón en la causa penal abierta contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluis Puig por su negativa a facilitar el retorno de los bienes del Monasterio de Sijena desde el Museo de Lérida.

Y lo hace, la defensa de los intereses de Aragón, tras la negativa en el día de ayer del Ejecutivo de Javier Lambán (PSOE) a mantener su personación en la causa, comunicada al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca el pasado 19 de julio, el fiscal de Huesca, Juan Baratech, informó al órgano judicial de su decisión.


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En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para asumir la reclamación civil por los gastos que generó a la administración aragonesa el traslado de las piezas, “sin perjuicio del perjudicado a personarse y ser parte en este procedimiento penal y de su posterior cambio de criterio”.

LAS FACTURAS

Tras exponer sus argumentos, el representante del ministerio público en Huesca pide al instructor que requiera a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno aragonés que aporte “en su integridad” la totalidad de facturas y gastos generados por la ejecución de la sentencia que ordenaba la devolución de los bienes. En un principio se estima que rondaría los 20.000 euros.

Entiende la fiscalía que a pesar de haber cambiado de criterio respecto a su personación en la causa, el Gobierno de Aragón no ha planteado una renuncia a su derecho a ser restituido, “siendo menester -añade el escrito- que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera expresa, seria, inequívoca, manifiesta y terminante“.

Destaca, además, que ante la “evidencia” de la inexistencia de una renuncia expresa por parte del Gobierno aragonés, la obligación de exigencia legal de solicitar responsabilidades civiles por el presunto delito denunciado “sigue indemne para el ministerio fiscal”.


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La fiscalía señala en su escrito que la administración regional aportó, a requerimientos del juzgado, facturas relativas al pago de los servicios de transporte privados que fueron contratados para trasladar las 44 piezas demandadas a Sijena.

Advierte, sin embargo, de que no fue aportada facturación alguna referida a costes afrontados desde Aragón respecto a personal funcionario, laboral o contratado, a peritos o a servicios de seguridad.

“Gastos -subraya el fiscal- devengados como consecuencia única y exclusiva de la negativa de los investigados a proceder a la restitución y entrega de los bienes en el lugar fijado por la resolución judicial”.

LA CAUSA PENAL

La querella contra los exconsellers fue interpuesta el año pasado por la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, pero la personación del Ejecutivo aragonés no se produjo hasta que el instructor ofreció a sus responsables la incorporación a la causa.

El Gobierno aragonés se personó en la causa el pasado 21 de junio, pero apenas un mes después, el 19 de julio, comunicó al juzgado su renuncia a continuar personado en la causa penal contra los exconsellers por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación.

Una decisión que ha sido criticada, en el día de ayer, por el diputado del PP en las Cortes de Aragón Antonio Torres, que ha presentado diversas iniciativas para requerir al Gobierno regional que informe de los motivos de su decisión