ZARAGOZA – La Audiencia de Zaragoza ha aplazado el juicio que debía de comenzar el próximo 1 de octubre por presunto fraude en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) tras la recusación presentada por uno de los acusados, el empresario Agapito Iglesias, contra uno de los magistrados del tribunal.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la recusación contra el magistrado Francisco José Picazo fue presentada sobre las 13.00 horas de ayer por el representante legal de Iglesias, uno de los 25 acusados, entre responsables políticos, técnicos y empresarios.
Estas fuentes señalan que el comienzo del juicio no podrá acordarse hasta la resolución del incidente de recusación, aunque según fuentes judiciales consultadas se baraja el próximo 5 de noviembre como posible fecha para su inicio, una vez resuelto el recurso.
Agapito Iglesias ya recusó en septiembre de 2015 a todos los magistrados de la Audiencia de Zaragoza que debían enjuiciar el Caso Naves, una pieza vinculada a Plaza.
Su recurso fue rechazado y finalmente fue juzgado y condenado a 4 años de prisión junto al exviceconsejero socialista de Obras Públicas del Gobierno de Aragón Carlos Esco y al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) Ricardo García Becerril, absueltos un año después por el Tribunal Supremo.
147 MILLONES DESVIADOS
El ‘Caso Plaza’ pendiente de juicio se articuló sobre una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación denunció la existencia de un plan urdido en 2002 por los principales responsables de ejecutar las obras de la plataforma para obtener beneficios ilícitos.
Según el fiscal, se produjeron adjudicaciones fraudulentas de contratos a la UTE Acciona-Mariano López Navarro y a Intecsa-Inarsa, sobrefacturación de los trabajos ejecutados mediante el aumento de los precios y certificaciones ficticias y facturaciones falsas.
Estima en su escrito que se produjo un desvío total en perjuicio de PLAZA por valor de 147,3 millones de euros, 43,1 en la primera fase de los trabajos y 104,2 en la segunda.
Por estos hechos, que tipifica como diversos delitos económicos, la Fiscalía Anticorrupción pide 23 años de prisión para el exgerente de la plataforma Ricardo García Becerril y 7 años y 8 meses para el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés (PSOE) Carlos Esco.
En total, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 190 años de prisión para los 25 acusados, entre ellos el expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, que se enfrenta a 5 años y 10 meses.
Los presuntos delitos imputados a los acusados son prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales. También figura como acusación el Gobierno aragonés, que solicita 25 años de cárcel para García Becerril y 6 para Esco.
Por su parte, la sociedad gestora de Plaza, que cifra en 156 millones de euros los perjuicios, acusa a 23 personas, entre ellas la esposa y dos hijas de García Becerril, para las que pide condenas de entre 9 y 11 años.