Miércoles, 14 de Noviembre de 2018

Las obras de la calle zaragozana de Don Jaime I tendrán su deriva judicial. El pasado lunes, 22 de octubre, se inició la segunda fase de las obras de elevación de la calzada de la calle Don Jaime I. Los afectados por éstas, un gran número de vecinos y comerciantes que aglutinan al 98% del total, se mostraron rotundamente en contra.

Para ello sellaron un manifiesto de actuaciones para explicar la posición de los afectados, el intento por conocer las intenciones reales del gobierno de Zaragoza con la elevación de la calzada, y el posicionamiento del resto de grupos políticos en el consistorio.

Con ello, también se avisó de que si las obras no se paralizaban, se estudiaría plantear una demanda judicial contra el Ayuntamiento.


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Según un comunicado de los afectados, “ante el silencio del gobierno de Zaragoza en Común”, se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el día de hoy contra el Ayuntamiento de Zaragoza. La Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios del Centro Histórico de Zaragoza, ‘Reyes de Aragón’, ha presentado el recurso con el beneplácito de todas las asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona.

La Asociación -junto con el resto de afectados- considera que sus derechos e intereses legítimos se ven afectados por la forma en que el Ayuntamiento de Zaragoza está realizando las obras.

Entre los incumplimientos legales por parte del Ayuntamiento, se valora en el recurso que no existe un proyecto de obra completo que abarque toda la calle, dado que los proyectos de obras que superen los 300.506,05 euros, y sucede en las obras de Don Jaime, hubiera permitido a la recurrente como Asociación -y al resto de interesados y afectados- presentar las alegaciones convenientes.

Se argumenta en el recurso contencioso administrativo, que el consistorio incumple la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que impone al Ayuntamiento de Zaragoza, la obligación de licitar dicho proyecto de obras una vez aprobado, puesto que no ha existido ni publicidad, ni concurrencia, ni transparencia de la licitación, ni adjudicación, ni procedimiento alguno, ni formalización de los contratos.

Además, se ordena la ejecución de las obras a una empresa que ya no tiene el contrato en vigor con el Ayuntamiento de Zaragoza.


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Los afectados, mediante el recurso interpuesto, consideran que cada uno de los citados incumplimientos suponen, por sí mismos, la nulidad de pleno derecho de toda la actuación municipal.

La Asociación ‘Reyes de Aragón’ también ha solicitado la medida cautelarísima de suspensión de ejecución de las obras, al considerar, que como comenzaron el lunes 22 de octubre de 2018, no están avanzadas y por tanto no se perjudica el interés público, siendo preferible que se paralice en este momento inicial.