La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Empleo, Magdalena Valerio, firmaron ayer con representantes de UGT, CCOO y USO y de la patronal Carbunión un acuerdo para el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta 2027, dotado con 250 millones de euros en los cinco primeros años.
El acuerdo, firmado en el Ministerio de Transición Ecológica, prevé prejubilaciones para los trabajadores con más de 48 años y que tengan 25 de cotización en el régimen especial o 20 trabajados, así como bajas incentivadas que variarán en función de la antigüedad, e incrementos en los casos de silicosis de primer grado.
Los trabajadores que no se prejubilen formarán una bolsa de empleo que gestionará el Instituto de Reestructuración de las Comarcas Mineras, con cursos formativos y acceso prioritario a puestos de trabajo relacionados con la restauración ambiental de las minas.
Según los cálculos de ese instituto dependiente de Transición Ecológica, serán beneficiarios de las ayudas sociales unos 600 trabajadores, y el 60 % de los empleados de las empresas mineras podrán optar por la prejubilación.
Junto al fondo de 250 millones en cinco años para el desarrollo comarcal y para iniciativas empresariales, el acuerdo incluye un plan de energías renovables y la posibilidad de que el Gobierno firme contratos con administraciones autonómicas y locales para el acceso a los fondos europeos y a incentivos fiscales.
En las inmediaciones de la sede ministerial, se concentraron alrededor de un centenar de manifestantes desplazados desde comarcas mineras de León y Asturias para protestar por el distinto trato que se da en el acuerdo a los trabajadores de empresas auxiliares