El inicio del macroproceso instruido contra 25 personas implicadas en el caso Plaza, la mayor causa por corrupción promovida en Aragón, se ha aplazado hasta el próximo 19 de noviembre a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que negocia acuerdos a pocos días de la vista con varias de las defensas.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la fiscalía especial remitió un escrito sobre las 14,15 horas del pasado jueves a la Audiencia de Zaragoza para pedir un aplazamiento de dos semanas a la espera del resultado de las negociaciones.
En su escrito, Anticorrupción informaba de que estaban pendientes de concretar «una serie de acuerdos con determinadas representaciones procesales», que deberían ser visados previamente por el fiscal jefe antes de cerrarse.
Por este motivo, la Audiencia de Zaragoza ha acordado, a través de un auto, que el inicio de la vista se lleve a cabo el 19 de noviembre, jornada que se dedicará a las cuestiones previas planteadas por las partes, manteniendo el resto de fechas para las declaraciones de los acusados, que comenzarán un día después.
SE RETRASA
El inicio del macrojuicio estaba previsto inicialmente para el próximo 5 de noviembre, después de que la Audiencia zaragozana rechazara la recusación, por «mala fe» procesal», de uno de los magistrados del tribunal por parte de la defensa del empresario procesado Agapito Iglesias.
El resultado de las negociaciones mantenidas por la Fiscalía Anticorrupción con los representantes legales de los acusados para la formalización de acuerdos podría modificar el calendario inicialmente previsto para el juicio, que en principio se prevé que podría durar cinco meses.
147,3 MILLONES DESVIADOS
El caso Plaza se articuló a partir de una denuncia de la fiscalía anticorrupción, radicada en Madrid, que en su escrito de acusación denunció la existencia de un plan urdido en 2002 por los principales responsables de ejecutar las obras de la plataforma para obtener beneficios ilícitos.
Según el fiscal, se produjeron adjudicaciones fraudulentas de contratos a la UTE Acciona-Mariano López Navarro y a Intecsa-Inarsa, sobrefacturación de los trabajos ejecutados mediante el aumento de los precios y certificaciones ficticias y facturaciones falsas.
Estima en su escrito que se produjo un desvío total en perjuicio de PLAZA por valor de 147,3 millones de euros, 43,1 en la primera fase de los trabajos y 104,2 en la segunda.
Por estos hechos, tipificados como diversos delitos económicos, la Fiscalía Anticorrupción pide 23 años de prisión para el exgerente de la plataforma Ricardo García Becerril y 7 años y 8 meses para el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Escó.
En total, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 190 años de prisión para los 25 acusados, entre ellos el expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, que se enfrenta a 5 años y 10 meses.