Los ponentes de la Constitución de 1978 han sido galardonados con la Medalla de Oro de Aragón, la máxima distinción que concede la Comunidad autónoma, con motivo del cuadragésimo aniversario de la Carta Magna.
Aunque la orden de concesión aprobada hoy por el Consejo de Gobierno se hace extensiva a los siete padres de la Constitución, el decreto hace referencia a los tres que aún están vivos: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo y Miguel Roca Junyent, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo su portavoz, Vicente Guillén.
Se quiere reconocer de estos tres hombres, y de los fallecidos Gabriel Cisneros Laborda, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura y Manuel Fraga, el servicio prestado a los ciudadanos y su capacidad para «buscar los consensos posibles en circunstancias que ameritaban una alta visión de Estado para superar con excelencia los obstáculos y exigencias tendentes a crear un nuevo modelo de sociedad y de organización territorial, con parámetros de responsabilidad, solidaridad y respeto a la pluralidad».
UN PAÍS POR LA CONVIVENCIA
El decreto aprobado por el Gobierno valora además en los galardonados «el hecho de convertir la noble tarea de representar a los ciudadanos en un empeño por lograr un país para la convivencia, para la igualdad de oportunidades y para la justicia».
Se constata, agrega el decreto, que en Aragón aquella labor «ha dado frutos a lo largo de estos años en el desarrollo y en la consecución de un territorio mejor, más desarrollado y con mejores condiciones para el bienestar de todos los hombres y mujeres» de la Comunidad.
El Gobierno de Aragón hace una especial mención a Gabriel Cisneros Laborda, natural de la localidad zaragozana de Tarazona.
Aún no está cerrada la fecha en la que se entregará la distinción, pero Guillén ha destacado su importancia en el cuarenta aniversario de la Constitución, una ocasión «razonable y oportuna» en defensa de los valores constitucionales.
La Medalla de Aragón es la máxima distinción que otorga la Comunidad Autónoma y tiene por objeto distinguir a aquéllas personas físicas o jurídicas que hayan prestado servicios excepcionales a Aragón, contribuido de modo relevante al recobro de su identidad o destacado en la defensa de sus instituciones e intereses.