Martes, 11 de Diciembre de 2018

Asisto con desánimo al show del impuesto a las hipotecas. No se libra ninguno de los poderes del Estado. La evidencia de su hipocresía y mediocridad. ¡En qué manos estamos!

En 1993, a instancias del PSOE, se aprueba el Real decreto Legislativo 1/1993, donde se redacta de un modo completamente ambiguo el artículo 29, que dice: “Será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”.

Una redacción que está abierta a interpretación por los jueces. Falta de técnica legislativa o ambigüedad calculada, a saber.


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Durante los últimos 25 años la interpretación habitual ha sido que el sujeto pasivo era el que solicitaba la hipoteca.

Ningún partido, repito, ningún partido con representación en Las Cortes, había propuesto un cambio legislativo en contra de esta interpretación, ni en el Parlamento ni en sus programas electorales.

Al contrario, siendo como son facciones del Estado y parasitándolo en todos sus niveles, se han dedicado a disfrutarlo y mal emplearlo, ya que el principal beneficiario del impuesto son las administraciones autonómicas.

Es más, autonomías gobernadas por el PSOE como Andalucía, Valencia y Aragón aplican el tipo máximo, el 1,5%, en el caso de Aragón con una subida del 50% del gravamen con el apoyo de Podemos, IU y CHA. Venga, recauda, que vamos cortos. Los que ahora se rasgan las vestiduras por “la gente”.

“En el caso de Aragón con una subida del 50% del gravamen con el apoyo de Podemos, IU y CHA”

Lo sucedido en el Tribunal Superior, tras una sentencia que hace una interpretación contraria a la habitual, y el modo en que ha reaccionado para volver al estatus anterior ha sido de una torpeza inaudita en personas a las que se les supone, aunque sólo sea por el cargo, un savoir faire.

Mientras llegaba la decisión final del Tribunal Superior, el PSOE se ha subido al carro del populismo de Podemos. Hasta el “liberal” Ciudadanos, siempre dando bandazos, lo ha hecho. ¡Que paguen los bancos!

Y cuando por fin llega la decisión del Tribunal, el Presidente Sánchez aprueba un decreto ley para enmendarle la plana al Poder Judicial. Cuando le preguntan por lo obvio, que los bancos repercutirán ese incremento de sus costes sobre los clientes, responde: “Yo creo que no lo harán, apelo a su responsabilidad”. Sánchez, doctor en Economía, 2018. Fin de la cita.

Hasta aquí la historia. Ahora las consecuencias. Yo procuro fijarme en los efectos para entender las intenciones. Y los efectos de esta trapalada van a ser:

Es evidente que para el ciudadano no va a tener ninguna repercusión positiva. Más aún, puede que termine pagando más porque el banco puede incrementar comisiones por amortización, o subir los tipos toda la vida de la hipoteca o muchas otras medidas más. Cualquiera que tenga un negocio en el que se incrementan los costes, lo repercute en el precio.

Yo creo que no lo harán, apelo a su responsabilidad”. Sánchez, doctor en Economía, 2018. Fin de la cita.

Las que de verdad ganan son las administraciones autonómicas y Hacienda, que además estarán encantadas en año electoral, dispuestas siempre a comprar voto clientelar. Puede que parezca que van a recaudar lo mismo, pero no es verdad, van a recaudar más.

Si paga el ciudadano, puede deducirse el importe como gasto de la vivienda; a los bancos ya les han dicho que no se lo podrán deducir del impuesto de sociedades, así que la recaudación subirá.

Por otro lado, existen colectivos que hasta ahora han estado exentos del pago de este impuesto o lo han tenido reducido como discapacitados, familias numerosas y otras circunstancias que no se aplican a los bancos, por lo que la recaudación subirá también por este lado.

Quien de verdad pierde en este embrollo es el Poder Judicial, no sólo porque el Tribunal Superior ha quedado desprestigiado por su propia torpeza en el modo en que afrontó el cambio de criterio en la interpretación del sujeto pasivo, sino por la reacción del propio Gobierno, que lo ha ninguneado y a quien le ha faltado tiempo para enmendarle la plana manu militari.


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Y esto a dos semanas de que empiece el juicio a los detenidos por el proceso catalán. ¿Casualidad? No creo. Por una lado, es un modo de intento de presión al Tribunal. Por otro, justifica un indulto ante una eventual condena de un Tribunal desacreditado ante “la gente”.

Las tres semanas de este embrollo han supuesto una incertidumbre que ha tenido reflejo en pérdidas económicas, además de trasladar una sensación de inseguridad jurídica que, sin duda, vamos a pagar con pérdidas de inversiones. Esto no se parece a un país serio.

Y recemos para que haya acabado. Pero lo dudo. Hay expertos constitucionalistas que ya están avisando que el decreto de Sánchez puede ser inconstitucional. Afirman que la Constitución por supuesto que permite un cambio en el sujeto pasivo del impuesto, pero tramitado como proyecto de ley, no por decreto.

Sánchez podía haberlo hecho mediante una propuesta de ley en trámite de urgencia y lectura única, a sabiendas de que la mayoría parlamentaria ya ha expresado su acuerdo con que el impuesto lo paguen los bancos.


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Pero el Presidente Sánchez prefiere ponerse la medalla él solito, a riesgo de que recursos de inconstitucionalidad puedan tumbar y retrotraer los efectos de su decreto en el tiempo en que dure el trámite como proyecto de ley. Más inseguridad.

En resumen, a usted y a mí, toda esta historia nos va a dar igual, porque de un modo o de otro, siempre vamos a terminar pagando el bendito impuesto.

La película no va de quien paga el impuesto, va de quien se pone la medallita y de paso, mata dos pájaros de un tiro. Amén de que las Comunidades Autónomas sigan desbocadas en el gasto, que vienen elecciones.