En 2015, el personal empleado en I+D en EJC (equivalencia a jornada completa) en España supone 200.866 personas (personal investigador, técnico y auxiliar) y el número de investigadores en EJC 122.437. En el caso de Aragón hay 5.385 personas dedicadas a I+D de las cuales 3.556 son investigadoras.
Durante 2017, la Universidad Española ha realizado más publicaciones que países como Rusia, Corea del Sur, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Austria, República Checa, Finlandia, etc.
Por otro lado, en 2017 se han concedido en España 2.190 patentes (135 en Aragón).
El montante total de estas patentes no proviene sólo de la actividad de los organismos acogidos a la partida PG46 sino que engloba también la del resto de agentes inventores de España. De hecho, sólo el 22,7% del total de patentes proviene del sector público, lo que equivale a 498 a nivel nacional y a 30 en Aragón.
En consecuencia, son necesarias 403 personas de I+D del sector público nacional para producir una sola patente al año, y en el caso de Aragón 180 personas.
Otro aspecto a considerar es que muchas de las patentes finalmente no llegan a emplearse en ninguna actividad empresarial, con lo que el retorno real a la sociedad se desvanece.
La Unión Europea a través del llamado ‘índice sintético de innovación’ evalúa el rendimiento innovador en la UE-28, considerando los resultados de innovación y su aplicación al mercado. Según la misma fuente, España está por debajo de la media europea en rendimiento innovador y clasificada en la tercera división, de las cuatro que existen. En la cuarta están zonas como Ceuta o Bulgaria.
Es también muy relevante comparar la producción científica de cada país y su rendimiento innovador. España está por detrás de Suecia, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, República Checa, Portugal y Eslovenia en rendimiento innovador, aun cuando les supera en producción científica.
Lo que ocurre es que el sistema de incentivos y evaluación del trabajo científico español implantado en estos entes públicos está centrado principalmente en los artículos publicados, y no en la materialización tangible de la innovación. Esto hace que los miembros de estas instituciones puedan desarrollar su carrera profesional desconectados de los intereses de la propia sociedad que sufraga su actividad.
La situación es bien distinta en los I+D de las empresas privadas, donde la regla que se aplica es: ‘se publica lo que no vale’ (experiencia personal). Como es lógico lo que tiene valor industrial no se regala a los competidores publicándolo.
Abundando en este tema, se da el caso de que Israel está en el puesto 29 a nivel mundial en cuanto a producción científica, frente a España que está en el 11. Sin embargo, Israel tiene 90 empresas de alta tecnología cotizando en el Nasdaq y España ninguna.
Nuestro país arrastra el estigma de un desempleo crónico que supera el 14%. Resulta difícil de entender que un área tan importante como la de I+D no consiga producir retorno económico a nuestra sociedad, al mismo nivel que otros países de nuestro entorno, contribuyendo a la creación de empleo.
Deja atónito a cualquiera comprobar que esta situación se conoce desde hace décadas, ya que los datos están y han estado a disposición pública. Asombra que los responsables políticos que han tenido responsabilidad de gobierno hayan cerrado los ojos a esta realidad o hayan sido incapaces de resolverla.
El lector coincidirá con ‘Aragón en la Encrucijada‘ en que necesitamos nuevos aires, nuevos dirigentes más modernos y con una visión amplia del mundo que pongan la I+D en la vanguardia de sus políticas para no perder el tren de las nuevas tecnologías.