La titular del juzgado de instrucción número dos Huesca ha ordenado la exhumación del cadáver de un hombre fallecido en 2015 en la provincia altoaragonesa para la realización de una prueba de ADN que permita determinar si es el padre biológico de una mujer de 63 años que reclama ser reconocida como su heredera.
En su demanda, la mujer relata que su madre se quedó embarazada en 1956 mientras trabajaba como asistenta en la casa del fallecido, en una población cercana a la ciudad de Huesca, y que la moral imperante en aquellos le año obligó a marcharse del lugar para evitar un escándalo.
La niña nació el 28 de septiembre de ese mismo año en la localidad donde vivían sus abuelos, donde la madre buscó refugio para tratar de eludir el estigma social que pesaba en esa época sobre las madres solteras.
La madre, ya fallecida, informó a su hija sobre quien era su padre, pero esto no cambió la situación hasta que se produjo la muerte del padre, que nunca la reconoció como su descendiente.
La demanda, defendida por el letrado oscense Ricardo Orús, subraya que durante los años en los que la madre trabajó para el fallecido, surgió una relación «sentimental, íntima, sexual y continuada» entre ambos que derivó en un embarazo.
La demanda se acompaña de un acta notarial que recoge diversas manifestaciones que confirmarían la presunta paternidad, entre otras la de un primo del fallecido, ambos taxistas de profesión, que reconoció que éste le había confesado que la demandante era su hija.
También se incluye la declaración de una vecina de la población que vio personalmente como el fallecido y su asistenta paseaban por la localidad «como si de una pareja de novios se tratara».
Al parecer, esta vecina habló con la hermana del fallecido, que no tenía descendientes directos, para que le convenciera de que reconociera a la niña como hija, aunque los sobrinos consiguieron que les nombrara únicos herederos.
Según recoge la demanda, en 1994 otro taxista que trabajaba en Huesca se presentó en el bar que regentaba el marido de la demandante y le informó de que el fallecido le había confesado que el padre de su esposa.
Ante las insistentes preguntas del marido, que fue a buscar al fallecido a la parada de taxis, éste sólo llegó a decir «mi hermana, mi hermana».
Estas pruebas, junto a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para procesos de paternidad, han llevado a la fiscalía a apoyar la petición de la demandante de exhumación del cadáver del fallecido para la realización de una prueba de ADN por parte del Instituto Nacional de Toxicología y, de acuerdo con esta petición, la magistrada ha dirigido un oficio al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para llevar a cabo la exhumación.
La demandante, que ha preferido no desvelar su identidad para no afectar a terceras personas, ha explicado que durante muchos años le produjo un sufrimiento continuo el ser hija de una madre soltera rechazada por todo su entorno social más cercano.
«Rabia y pena» son los sentimientos con los que resume una larga etapa de su vida en relación a una persona que, subraya, «nunca se preocupó por nosotros».
Según ha explicado, desde los 11 años, durante un periodo de trece, tuvo que estar interna en un colegio porque sus abuelos habían fallecido y su madre trabajaba como sirvienta. «Recuerdo cómo me miraban todos por el hecho de ser hija de una madre soltera, sin poderme ir en vacaciones porque nadie podía cuidarme», ha lamentado.
El letrado de la demandante, Ricardo Orús, ha asegurado que la consecución de la prueba de paternidad ha supuesto para él una satisfacción profesional, a pesar de la necesidad de tener que llevar a cabo una acción «drástica» como la exhumación de un cadáver.
«Es necesario reconocer -ha añadido- que el cambio legislativo que han propiciado las investigaciones con ADN han permitido hacer frente a una situación que había discriminado hasta entonces a las madres solteras y a sus hijos»