El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (PSOE) ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor, Manuel Chaves (PSOE), ha resultado sentenciado por prevaricación, por lo que ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargo público durante 9 años, según el fallo de la pieza política del caso de los ERE, cuyo fallo ha sido notificado este martes.

La Audiencia de Sevilla considera a ambos expresidentes y exministros de Gobiernos socialistas responsables del sistema de ayudas públicas que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis.


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La sentencia no es firme y las defensas recurrirán al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Los jueces consideran que Chaves conoció y permitió el sistema de subvenciones irregular, mientras que sitúan a Griñán -durante su etapa como consejero andaluz de Economía- como conocedor de los informes de la Intervención General de la Junta, que censuraron el fondo, y le achacan que no hizo nada para evitar las ayudas arbitrarias. 

De los 21 acusados, 19 han sido condenados y 2 absueltos. El exdirector general de Trabajo Javier Guerrero y el exconsejero Antonio Fernández han sido condenados a siete años y once meses de cárcel, mientras que el exconsejero José Antonio Viera ha sido sentenciado a siete años de prisión.


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Además, la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías han sido condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada. Siga la última hora de la sentencia del caso de los ERE.

La sentencia que se ha conocido hoy es el colofón a un juicio contra la corrupción del PSOE andaluz que arrancó el 13 de diciembre de 2017 y que se prolongó casi un año, hasta el 17 de diciembre del año siguiente, cuando la causa quedó vista para sentencia después de 152 sesiones.


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Para la notificación, el tribunal citó a todos los acusados, con procuradores, a las doce del mediodía en la sala de vistas principal del Palacio de Justicia de Sevilla. Allí, la secretaria ha ido llamando, uno a uno, a todos los acusados y les ha entregado la resolución en formato digital, en un pen drive, además de un extracto en papel con los fundamental, con el fallo