El inicio del juicio del caso Plaza, el mayor proceso contra la corrupción instruido en Aragón, se llevará a cabo mañana de forma definitiva tras los últimos acuerdos alcanzados por la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Francisco Joven y María del Mar Jaso.
Estos acuerdos han permitido reducir el banquillo desde los 25 encausados inicialmente por distintos delitos económicos a un total de tres.
Los acusados son: el exviceconsejero del PSOE-Aragón Carlos Esco y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría, que se enfrentan a penas de 5 a 7 años de prisión por los hechos denunciados.
Tras la formalización de estos últimos acuerdos, las defensas de los tres encausados que continúan en el proceso han planteado diversas cuestiones previas para solicitar la nulidad de las actuaciones, en su mayor parte por la supuesta prescripción de los delitos imputados a sus clientes, de acuerdo a jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Además, el letrado de Agapito Iglesias ha vuelto a aducir la situación de indefensión de su defendido debido a la presencia de un magistrado en el tribunal al que responsabiliza de «enemistad manifiesta» contra su cliente.
Esta petición ya fue analizada por el tribunal en pasadas fechas y descartada al entender que la defensa de este empresario no había acreditado su planteamiento.
La Fiscalía Anticorrupción ha alegado en relación a la petición de prescripción de las defensas que el tiempo transcurrido no había sido contabilizado de forma correcta y que los delitos, de acuerdo a la misma jurisprudencia del Supremo, seguían en vigor.
Además, ha solicitado aplazar el comienzo de la vista hasta mañana para estudiar las cuestiones previas planteadas, petición que ha estimado el tribunal.
EL MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN
El juicio comenzará mañana de forma definitiva con las declaraciones de los tres acusados que permanecen en el banquillo, que deberán responder por los presuntos delitos referidos a los sobrecostes de hasta 147 millones que se llevaron a cabo en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza.
En la anterior vista preparatoria, el pasado día 10, las partes anunciaron la formalización de una veintena de acuerdos para que los acusados eludan las penas, una vez expresado el compromiso de la empresa Acciona de pagar 50 millones de euros por su responsabilidad civil subsidiaria en estos hechos.
Sólo dos de estos acusados, considerados los cabecillas de la trama, el gerente de la sociedad pública Plaza, Ricardo García Becerril, y el responsable de la UTE Acciona y Mariano López Navarro que llevó a cabo la urbanización de la plataforma logística, José María Jordán, aceptaron condenas de 2 años y 1 día que les obligarán a ingresar en prisión.
El propio fiscal Anticorrupción José Grinda explicó días atrás a los medios de comunicación que los acuerdos habían sido posibilitados por la decisión de la empresa Acciona de pagar 50 millones de euros.
Recordó, además, que el resto del dinero defraudado, un total de 147 millones, se resolverá por un procedimiento civil de arbitraje al que ya dieron su visto bueno tanto las acusaciones particulares en nombre del Gobierno aragonés y de la sociedad pública Plaza como de la UTE.